El Presidente electo nos convoca a una nueva consulta dentro de dos semanas, esta vez no será para decidir sobre un único tema, sino trece: el tren maya, el tren transítsmico, una nueva refinería y 10 programas sociales. Los términos de esta nueva consulta no se justifican.
Cuando se anunció la consulta para el NAICM escribí una columna en la que argumentaba a favor de las consultas, pues creo que estas, así como muchos otros instrumentos de democracia participativa y directa (referéndums, encuestas deliberativas, etc.) contribuyen a dar mayor legitimidad a proyectos y políticas públicas; así como a tomar mejores decisiones en las que se incluyan los intereses, preocupaciones y puntos de vista de un amplio sector de la población, y no solo de unos cuantos. No solo eso, me emociona que la política esté en la arena pública y no en el despacho de un tecnócrata. Decidir sobre el futuro de nuestras comunidades, ciudades y el país es nuestro derecho.
Este tipo de ejercicios de participación han sido exitosos en muchas partes del mundo, ejemplos hay varios y no viene al caso repetirlos. Pero de la experiencia que existe queda claro que para que estos funcionen, deben de cumplirse condiciones adecuadas: claridad sobre el proceso, campañas amplias de información sobre el tema a discutirse, así como opciones claras y concretas entre las cuales elegir.
Hoy, a un par de semanas de que se llevó a cabo la consulta del NAICM podemos concluir que estas condiciones no se garantizaron plenamente. Con todo, no creo que hubiera sido mejor no hacer la consulta, comparto la consideración de que la Ley que hoy rige las consultas ciudadanas en México es muy rígida y creo que la democracia es prueba y error. Y errores hubieron muchos, tan es así que incluso quienes defendieron este ejercicio reconocieron que se debe mejorar para los próximos. Porque en el fondo, todos entendemos que la legitimidad no radica únicamente en el resultado, sino en la integridad del proceso.
Por eso es decepcionante el anuncio que hizo este lunes López Obrador. Es evidente que las condiciones no están dadas para poder decidir de manera informada. Aún no existen los proyectos detallados del Tren Maya –que inicia su construcción en diciembre- y el Corredor Transítsmico; no existen estudios de impacto ambiental, no queda claro cómo se consultarán a las poblaciones indígenas y menos información existe sobre los 10 programas sociales.
Es difícil no creer que se busca justificar a toda prisa una decisión tomada a priori, ¿qué prisa justifica tomar decisiones que, de salir mal, la gente va a terminar pagando por décadas? Si AMLO está tan seguro de que sus proyectos son viables y correctos ¿por qué no esperar a los estudios de impacto ambiental para que las personas decidan con más elementos? ¿Debemos esperar que así sean las demás consultas, por ejemplo la de la mina en B.C.S. que Salinas Pliego busca construir a pesar de que pone en riesgo una reserva natural?
Me preocupa que la forma en que se plantean estas consultas, no solo nos impidan decidir de la mejor manera, sino que terminen por dar más argumentos a quienes defienden discursos autoritarios. No hay por dónde buscarle, los términos de la nueva consulta no se justifican.
Simpatizo con la idea de hacer más consultas, hagámoslas, pero con el tiempo necesario para poder llevar a cabo auténticas campañas informativas, las cuales de paso le servirían al gobierno entrante para convencer a la gente de los proyectos o incluir mejoras, o podríamos utilizar encuestas deliberativas, las cuales además de ser más baratas que consultas a la totalidad de la población ayudan a tener procesos más completos. Formas de hacerlo bien hay muchas.
Pd. Hay que leer la columna de Salvador Camarena publicada el día de ayer. ¿Qué calidad de debate público estamos teniendo?