Uruguay hizo historia este 19 de junio al convertirse en el primer país en vender en farmacias marihuana producida bajo la regulación del propio Gobierno. El país sudamericano se unió así a Holanda, Países Bajos y algunas entidades de Estados Unidos, como Massachusets o California, que ya han regulado la producción y venta de marihuana. En Canadá, el primer ministro Justin Trudeau presentó en abril pasado una iniciativa para legalizar toda la cadena de producción, distribución y consumo de marihuana... Y en México, donde la política contra las drogas ha dejado más de 150 mil muertos durante la última década, las personas que portan marihuana para su consumo personal pueden ser detenidas por la Policía, aunque la Ley permite liberarlas si no pasan de los 5 gramos.
Cifras de la Procuraduría General de la República (PGR) señalan que, entre 2007 y el primer semestre de 2012, un total de 9 mil 181 personas han sido detenidas en todo el país por portación de marihuana para su consumo personal, aunque al final fueron liberadas porque no superaban los 5 gramos que la Ley permite.
La mayoría de los casos son hombres, con 8 mil 967 casos, y apenas 214 mujeres.
Guanajuato es la entidad que acumula más del 50 por ciento de los casos con 5 mil 40 detenidos. Jalisco y Sonora son los Estados que siguen en el rango.
Por el contrario, Guanajuato, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas y Zacatecas tienen cero casos durante el último lustro, de acuerdo con los datos de la PGR.
Una legislación obsoleta
Para Jorge Javier Romero, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y especialista en política de drogas, la regulación mexicana sobre la marihuana es obsoleta, conservadora y ha generado perjuicios a la salud de los ciudadanos.
"México debe avanzar hacia una regulación sensata, que no sea prohibicionista, y reduzca los beneficios económicos para el crimen organizado y, sobre todo, sea en beneficio de los consumidores, quienes están expuestos a la extorsión policiaca o a comprar un producto sin control de calidad", explicó Romero.
El académico agregó:
"La actual política prohibicionista de la marihuana no ha reducido el consumo y, por el contrario, ha incrementado los problemas de salud. Además, ha permitido a los grupos del crimen organizado amasar una gran cantidad de dinero que les permite adquirir armas. Y si uno ve los efectos de la salud, en realidad el alcohol es la sustancia más peligrosa para las personas pero es legal. Tenemos una cultura que ha estigmatizado la marihuana y los políticos, en vez de usar evidencia científica, se han basado en prejuicios".
En meses pasados, el presidente Enrique Peña Nieto propuso una iniciativa para cambiar la regulación de la marihuana. Uno de los cambios era elevar de 5 gramos a 28 gramos la portación de marihuana para consumo personal. Sin embargo, el Congreso desechó por completo la propuesta. El único cambio aprobado fue el uso medicinal de esta sustancia.
La Ley vigente establece que las personas detenidas en posesión de marihuana y otra droga con fines de consumo personal deben ser enviadas por la PGR a tratamiento contra las adicciones.
Sin embargo, este procedimiento es casi letra muerta.
Un reporte de los Centros de Integración Juvenil (CIJ), el organismo que debe atender a los consumidores de drogas remitidos por la PGR, señala que de 2012 a junio de 2017 sólo han llegado mil 758 casos. Y la mayoría abandonaron el tratamiento.
Apenas 392 tuvieron una "mejoría", de acuerdo con la información del organismo médico, y 232 no tuvieron mejoría.
El resto, mil 134 personas, no dejaron ni rastro.
Para Jorge Javier Romero, los casos más graves son las personas que fueron detenidas por la Policía con cantidades mayores a los 5 gramos pero que no son narcomenudistas.
"Hay gente que llevaba 20 o 50 gramos, cantidades realmente menores, y están ahora mismo en la cárcel enfrentando un proceso penal como si fueran grandes narcotraficantes", explicó el académico.