El Senado está discutiendo en estos momentos la polémica Ley de Seguridad Interior. Aquí te explicamos de qué trata y por qué es importante que estés informado.
La Ley de Seguridad Interior busca regular la participación de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública y combate al crimen organizado, a casi 11 años de que inició la llamada guerra contra las drogas.
Sin embargo, la legislación da manga ancha al Ejército y a la Marina en el combate al crimen, les permite intervenir comunicaciones sin orden judicial, reserva información de sus operativos y les permite dispersar marchas y protestas a través de fuerza pública.
El pasado 30 de noviembre la Ley fue aprobada por la Cámara de Diputados, por una mayoría del PRI, Partido Verde y PAN.
La Ley fue turnada al Senado, donde ayer fue aprobada en Comisiones y la tarde de este jueves se discute en el pleno de los senadores.
Organismos como la ONU y Amnistía Internacional se han pronunciado en contra de esta Ley, pues consideran que militariza la seguridad pública y pone en riesgo los derechos humanos. También la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se ha manifestado en contra.
La presencia militar en las calles no ha demostrado servir para disminuir delitos como homicidios o desapariciones,… https://t.co/vJ0wHVmpOa
Conoce la postura de la #ONU ante #LeyDeSeguridadInterior vía @pictoline @ONUDHmexico
¿Y de qué va la Ley?
La Ley establece una declaratoria de protección, mediante la cual el presidente tendrá las facultad de desplegar las fuerzas federales de seguridad, incluyendo a Fuerzas Armadas, en caso de "Amenazas a la Seguridad Interior", aún sin que los Estados lo soliciten mediante una declaratoria de protección de seguridad interior.
Las Fuerzas Armadas se encargarán por si mismas o en coordinación con las demás órdenes de gobierno de realizar la acciones de seguridad interior: identificar, prevenir, atender, reducir y contener las amenazas a la seguridad interior.
La Ley de Seguridad Interior está basada en la iniciativa de los diputados del Partido Revolucionario Institucional, César Camacho Quiroz y Martha Sofía Tamayo Morales, presentada en noviembre del 2016, y de Sofía González Torres del Partido Verde Ecologista de México, presentada en febrero de este año.
El presidente Enrique Peña Nieto hizo un llamado hace unos días para que el Senado buscara incluir a organizaciones civiles y de derechos humanos en la discusión de la Ley.
Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos han acusado que su inclusión ha sido sólo una simulación.
Organizaciones de la sociedad civil
En semanas pasadas, 11 organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos, entre ellas, Amnistía Internacional, emitieron un comunicado en el cual urgieron al Congreso mexicano rechazar la Ley de Seguridad Interior.
Según mencionaron, la aprobación de la Ley representa un peligro a los derechos humanos y un retroceso a las reformas en materia de derechos humanos que restringieron el alcance del fuero militar.
Las organizaciones han documentado el incremento de la violación a los derechos humanos tras la participación de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. También han documentado los altos obstáculo que enfrenta el sistema de justicia civil para investigar y sancionar los abusos del crimen organizado y de las fuerzas armadas.
Por su parte, el colectivo Seguridad Sin Guerra argumentó que la Ley de Seguridad Interior es inconstitucional, ya que el Congreso no cuenta con la facultad de legislar sobre seguridad interior. Esta ley contradice el artículo 21 de la Constitución que establece que la seguridad pública estará a cargo de autoridades civiles.
Hoy más de 250 organizaciones y 200 ciudadanos le exigimos al Congreso NO aprobar la #LeyDeSeguridadInterior , la c… https://t.co/zApaOsE8ZN
La Ley, dijo el colectivo, es contraria a las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de retirar a las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad.
Seguridad Sin Guerra sostiene que la Ley de Seguridad Interior crea un marco que permite a las fuerzas de seguridad operar sin transparencia ni rendición de cuentas y debilita las facultades del congreso para vigilar las tareas de seguridad.
El Halconazo, masacre de Aguas Blancas, masacre de Acteal, San Fernando, Tlatlaya y Ayotzinapa...¿en verdad la solu… https://t.co/r3E2bEB6Bm
Incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió ayer un pronunciamiento para llamar al Congreso a no aprobar la Ley.
La Ley de Seguridad Interior otorga a las Fuerzas Armadas facultades de policía que les permite llevar acciones preventivas a su criterio e intervenir en protestas sociales si no las considera pacíficas, lo cual es un criterio ambiguo que podría atentar contra la libre manifestación.
Por este motivo, las organizaciones civiles solicitaron elaborar un plan para regresar a las Fuerzas Armadas a los cuarteles y fortalecer el sistema de justicia civi, que incluya profesionalizar a las policías y garantizar una Fiscalía General de la República autónoma.