Un grupo de 87 organizaciones de la sociedad civil y periodistas independientes formaron el Colectivo #MediosLibres para exhortar la creación en tiempo y forma de una ley que regule la manera en que el Gobierno mexicano asigna la publicidad oficial.
El Congreso, por órdenes de la Suprema Corte, debe aprobar esta Ley a más tardar el 30 de abril de este año o habrá sanciones contra los legisladores.
La Suprema Corte determinó, en semanas pasadas, que la falta de la promulgación de dicha ley viola la libertad de expresión, de prensa y de información, ya que permite un ejercicio arbitrario del presupuesto.
El colectivo #MediosLibres además presentó un decálogo de los puntos fundamentales que la ley debe incluir.
El colectivo está conformado por 35 organizaciones civiles, académicas y empresariales y 52 periodistas independientes, entre las que destacan Artículo 19, Fundar, el Centro de Comunicación Social (CENCOS) el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana.
Aunque las bancadas ya han dicho que sí incluirán la discusión de esta Ley en el actual periodo de sesiones, el colectivo dijo que se debe incluir la participación de la sociedad civil en su elaboración.
Antecedentes
El 15 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a la Cámara de Diputados crear antes del 30 de abril del 2018 una ley que regule el dinero que destina el gobierno a medios de comunicación en materia de publicidad oficial.
Esta ley debió haber sido creada desde el 30 de abril del 2014, pero el Congreso fue omiso en ello.
Ante el incumplimiento del mandato, la organización en defensa de la libertad de expresión, Artículo 19, promovió un amparo.
La Suprema Corte determinó que la falta de la promulgación de dicha ley viola la libertad de expresión, de prensa y de información, ya que permite un ejercicio arbitrario del presupuesto.
El poder judicial también señaló al Congreso que la falta de esta ley provocaría una multa y la destitución de los responsables: la junta de coordinación política y la comisión dictaminadora de ambas Cámaras.
Ordena @SCJN al Congreso de la Unión expedir una ley en la que se regule el gasto en publicidad oficial antes del… https://t.co/tH9Sp6eWEO
"Sin medios libres no hay combate a la corrupción. Sin medios libres no hay rendición de cuentas. Sin medios libres no se garantiza la equidad de la contienda electoral, se violan los derechos humanos y no se escuchan las voces de todas y todos", mencionó Justine Dupuy, responsable del proyecto "Bases mínimas para la regulación de publicidad oficial" y quien pertenece a la organización Fundar.
Según documentó Fundar, entre el 2013 y 2016, el gobierno federal gastó 36 mil 261 millones de pesos en publicidad oficial, 71.86% más de lo aprobado por la Cámara de Diputados. Este exceso corresponde a 15 mil 162 millones de pesos.
Entre 2007 y 2012 el gasto en publicidad oficial se excedió en 200% de lo que el Congreso aprobó en el presupuesto.
Tan sólo en el 2017 se gastaron 4 mil 780 millones de pesos.
El decálogo
Así presentaron 10 puntos que debe contener la ley, sin los cuales, a juicio del colectivo, la regulación sería insuficiente:
1. La publicidad oficial no debe desaparecer, ya que puede promover el pluralismo mediático y la supervivencia de medios pequeños o laboratorios de investigaciones periodísticas.
En cambio, la publicidad oficial debe transparentarse, limitarse y controlarse.
2. La ley debe incluir a todas las autoridades: al nivel federal, estatal y municipal, el congreso, el senado y el judicial, a todos los organismos públicos y a cualquier persona que tenga acceso a recursos públicos.
3. Deben existir criterios claros y objetivos para definir qué medios serán contratados para la publicidad oficial. Por ejemplo, el público al que se destina la campaña, el número de lectores del medio y el precio.
4. Tanto el gobierno como los medios de comunicación deben hacer público el uso y recepción de recursos.
También es necesaria la creación de una lista de todos los servicios contratados por el gobierno en publicidad oficial y un padrón nacional de medios de comunicación incluyendo impresos, digitales y de audio.
5. Deben existir un sistema imparcial y externo para medir las audiencias y la relevancia social del contenido de los medios.
De esta forma se podría asegurar que la asignación de publicidad a medios fue basado en criterios técnicos y no como una herramienta de control de contenido, premiación o castigo.
6. Los contenidos de la publicidad deben ser informativa y libre de la imagen personalizada de los servidores públicos.
7. La publicidad oficial debe ser siempre identificable y no estar disfrazada como información periodística.
8. Promover un gasto para el pluralismo y la diversidad mediática independiente del gasto en publicidad oficial.
9. Deben existir mecanismos de control para asegurar que no exista conflicto de interés y para sancionar a los servidores públicos que violen la ley.
Para ello, es necesaria la creación de un organismo independiente, diferente a la Secretaría de Gobernación que haga un seguimiento exhaustivo del ejercicio del gasto público en publicidad oficial.
10. Limitar el gasto y castigar el sobre ejercicio de los recursos.