Después de la Secretaría de Desarrollo Social, Petróleos Mexicanos (PEMEX) es el segundo órgano de gobierno que desvió más recursos en el esquema del Gobierno federal que ha servido para desviar 7 mil 670 millones de pesos en contratos ilegales y empresas fantasmas, según revela la investigación realizada entre Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
En PEMEX, el desvío de recursos mediante contratos asignados a empresas ilegales y con la complicidad de universidades existe desde el 2011 con Felipe Calderón en la presidencia deMéxico y Juan José Suárez en la dirección de la paraestatal.
Entre 2011 y 2014, con la complicidad de seis universidades, PEMEX firmó 39 convenios con 96 empresas, desviando un total de 3 mil 576 millones de pesos.
Las universidades cómplices en el desvío de recursos fueron: la Universidad Autónoma del Carmen, la Universidad Popular de la Chontalpa, el Instituto Técnico Superior de Comalcalco, la Universidad Politécnica del Golfo de México, y las universidades tabasqueñas Juárez Autónoma y la Tecnológica.
Estas universidades declararon por escrito contar con la capacidad de realizar la labor para la cual fueron contratadas. Sin embargo, contrataron a otras empresas y a cambio se quedaron con una comisión de 634 millones de pesos.
La Auditoría Superior de la Federación reportó dichos convenios como ilegales, ya que las universidades no realizaron más del 51% de los servicios para los que fueron contratados, como lo indica la ley.
Las 96 empresas subcontratadas por las universidades presentan múltiples irregularidades: son consideradas fantasmas, no fueron localizada por la Auditoría Superior de la Federación, no están registradas en la Secretaría de Economía —requisito indispensable para operar—, o fueron desmanteladas inmediatamente después de obtener los pagos.
De los convenios que PEMEX firmó llaman la atención cuatro aspectos:
Candy Guadalupe Pérez Pérez además de ser funcionaria de Pemex-PEP en el área de supervisión de contratos, es comisaria de MC Tecnologies S.A. de C.V, empresa que a través de la Universidad Autónoma del Carmen de Campeche firmó dos contratos por 86 millones de pesos.
2. Algunos de los ex funcionarios de PEMEX obtuvieron contrato antes de cumplir el año que establece la ley de Servidores Públicos para poder hacer contratos con la filial.
Por ejemplo, Hector Vera Argüelles 7 meses después de dejar el cargo como supervisor en el área de Coordinación de Programación y Evaluación de Pemex-PEP, se convirtió en representante legal de la empresa Maheca S.A. de C.V. La empresa consiguió dos contratos por 127 millones de pesos.
3. Los 39 convenios fueron firmados por funcionarios de altos mandos, algunos de ellos se encuentran actualmente en una posición más alta.
Por ejemplo, Juan Javier Hinojosa Puebla, firmó como subdirector de Desarrollo de Campos de PEMEX dos de convenios que suman 207 millones. Actualmente es el director Pemex-PEP.
4. Existen convenios en los cuales las universidades contrataron empresas por servicios que PEMEX aún no les solicitaba.
MC Tecnologies fue contratada para dar servicios a PEMEX en el 2012. Sin embargo, el convenio para dichos servicios entre la UNACAR y PEMEX fue firmado un año después.
¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?
Emilio Lozoya Austin, director de PEMEX durante los primeros cuatro años de gobierno, comentó a Animal Político y MCCI: “Dichos contratos se asignaron a nivel de la regiones, y no desde el corporativo, de tal forma que nunca conocí ni los detalles ni participé en los procesos de adjudicación”.
“Si hubo posibles irregularidades, mi postura es que se investigue y en su caso deslinden responsabilidades. Esto siguiendo el debido proceso y analizando los temas técnicos que estos contratos hayan estipulado”.
Con respecto a la contratación de empresas ex- funcionarios, PEMEX respondió que se trataba de algo "normal" ya “esos profesionistas cuentan con capacidad y experiencia en el ramo, para la efectiva prestación del servicio”.
El reportaje de Animal Político y MCCI que documentó el desvío de 7 mil 670 millones de pesos fue resultado de una investigación que tomó más de seis meses y significó la revisión de los contratos en la Cuenta Pública de 2013 y 2014. Sin embargo, entre el 2011 y la actualidad el gobierno federal ha firmado 2 mil 61 convenios ilegales con universidades que involucran 31 mil 668 millones de pesos.
Revisa el reportaje completo de Animal Político y MCCI aquí.