América Latina es la única región del mundo en donde los embarazos de mujeres menores de 15 años aumentan año con año. Y un ejemplo es México, donde 30 niñas menores de 15 años dan a luz diariamente, de acuerdo con las organizaciones de la sociedad civil Grupo de de Información en Reproducción (GIRE) , Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI), Amnistía Internacional y Planned Parenthood, las cuales conforman iniciativa "Niñas, No Madres".
Es decir, cada año más de 10 mil niñas mexicanas se convierten en madres.
El aumento en el número de embarazos de menores de edad está relacionado con la violencia sexual, así como con las restricciones a los servicios de salud sexual y reproductiva (como la interrupción legal del embarazo), de acuerdo con las organizaciones.
La violencia sexual es también un problema al cual están expuestas las mujeres menores de edad en el país, pues 4 de cada 10 víctimas de violación son mujeres menores de 15 años, de acuerdo con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de México.
Las organizaciones que conforman la iniciativa "Niñas, No Madres" enfatizan que el creciente número de embarazos en mujeres menores de 15 años representa un problema de salud y de derechos humanos.
Las niñas menores de 15 años que quedan embarazadas a causa de una violación quedan expuestas a diversos problemas físicos, emocionales y sociales.
El embarazo a una edad temprana aumenta el riesgo del desarrollo de anemia, infecciones urinarias, entre otros problemas de salud. También el riesgo de morir durante el embarazo, parto y post parto son cuatro veces mayor en mujeres menores de 15 años, según las cifras ofrecidas por las organizaciones civiles.
La violación puede generar afectaciones emocionales en las menores como la depresión, ansiedad y suicidio. El suicidio es la segunda causa de muerte en mujeres en dicho rango de edad en Latinoamérica.
Según la Organización Mundial de la Salud, los embarazos perpetúan círculos discriminación y pobreza. Las menores son discriminadas en centros de estudios a los cuales no pueden asistir durante el embarazo. El abandono escolar les impide acceder a empleos con mayores remuneraciones.
Entre enero del 2009 y junio del 2016 se reportaron 70 mil 620 casos de abuso sexual, en los cuales en 61 se realizaron interrupciones legales del embarazo Según la organización, esta cifra es un reflejo de los obstáculos en la interrupción del embarazo en caso de violencia sexual.
Aborto seguro para menores víctimas de violación
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió este martes un pronunciamiento en el que exhortó a los Estados de América Latina a tomar medidas para atender la violencia sexual contra las mujeres menores de edad y se reconozca a la interrupción legal del embarazo como una medida necesaria para garantizar sus derechos fundamentales.
La Comisión sostuvo que la prohibición del aborto limita el libre goce de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres así como su derecho a una vida libre de violencia y discriminación.
Son Niñas, No Madres
Las organizaciones de la sociedad civil agrupadas en "Niñas, No madres" solicitaron a la CIDH incluir en su petición que se garantice el acceso de las menores víctimas de violencia sexual a la educación y la justicia, así como la adopción de medidas adecuadas para la prevención de la violencia sexual en América Latina.
Dichas organizaciones exigieron la implementación de políticas públicas que prevengan la violencia sexual, el acceso a la justicia y a la salud.
En la Ciudad de México, la despenalización del aborto es legal hasta las 12 semanas de gestación, cuando son víctimas de violación y cuando la vida de la madre corre peligro. Sin embargo, no en todos los Estados del país se garantiza el acceso al aborto legal y seguro a las víctimas de violación.
Los grupos de la sociedad civil que conforman la iniciativa consideraron necesario desvincular el acceso a la interrupción legal del aborto con la investigación de una violación, pues esta llega a tomar mucho tiempo.
La investigación de la violación puede tomar de un año a dos, mientras que la interrupción del embarazo, por el peligro para la madre, tiene que hacerse de inmediato. Para ello las organizaciones sugirieron que es necesario modificar los protocolos de investigación con perspectiva de género.