A través de once dependencias y con 8 universidades públicas como cómplices, el Gobierno federal desvió 7 mil 670 millones de pesos mediante contratos ilegales con 186 empresas. De ese dinero, al menos 3 mil 433 millones fueron destinados a empresas fantasmas.
Animal Político junto con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revisaron 73 convenios de las Cuentas Públicas de 2013 y 2014 que realizaron las 11 dependencias y 186 empresas firmantes. Específicamente revisaron si las empresas contratadas existen, se encuentran legalmente constituidas, cumplen con los mínimos requisitos para obtener un contrato y si efectivamente realizaron los servicios para los cuales fueron contratados.
Las dependencias involucradas son: la Secretaría de Desarollo Social (Sedesol), con Rosario Robles como titular; el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), con Alfredo del Mazo -gobernador recién electo para el Estado de México-; la Secretaría de Educación Pública (SEP) con Emilio Chuayffet; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) con Gerardo Ruiz Esparza, y la Secretaría de Economía con Idelfonso Guajardo, entre otras.
¿Qué encontraron?
La Auditoria Superior de la Federación reportó que los 73 convenios firmados por las 11 dependencias son ilegales. De las 186 empresas con quienes el gobierno federal firmó convenio, Animal Político y MCCI encontró que 128 presentan irregularidades que las habría inhabilitado de obtener recursos públicos y la mayoría de ellas no realizó el servicio para el que fue contratada.
- 11 fueron declaradas empresas fantasma por el Servicio de Atención Tributaria (SAT).
- 9 están siendo investigadas por el SAT, por la posibilidad de tratarse de empresas fantasmas.
- 28 no cuentan con dirección domiciliaria.
- 12 se encuentran desmanteladas.
- 8 no se ubican en las direcciones que declararon.
- 44 no están registradas en la Secretaría de Economía (requisito indispensable de operación).
- 6 se dedican a temas diferentes de los que fueron contratados.
- 10 no localizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
¿Cómo funciona el esquema de fraude?
Para firmar un convenio entre una dependencia de gobierno y una empresa, La Ley de Adquisiciones obliga a las dependencias de gobierno realizar una licitación entre diferentes empresas. Para eludir el proceso de licitación, las dependencias pueden establecer convenios con universidades públicas siempre y cuando estas realicen al menos 51% del servicio contratado.
11 dependencias del gobierno firmaron convenios con 8 universidades. Sin embargo, en la mayoría de los casos las universidades contrataron para realizar la totalidad de los servicios que les fueron solicitados.
El esquema de fraude fue muy variado. En los casos más simples, una dependencia del Gobierno federal otorgó, mediante un convenio, recursos a una universidad pública y ésta lo transifirió a una empresa fantasma. En otros casos, se entregó dinero hasta a 12 empresas en un mismo contrato, de las cuales una o dos realizan el servicio y las otras únicamente recibieron recursos.
El papel de las universidades consistió en triangular los recursos: funcionaba como intermediario y a cambio, obtenía una comisión de mil millones de pesos.
La respuesta que obtuvieron vía transparencia sobre los comprobantes de los servicios fue de dos tipos: “no existe evidencia” del servicio contratado, o “sí se dieron los servicios”, pero no se proporciona un elemento que lo pruebe.
No sólo los convenios firmados fueron ilegales, porque las empresas no cuentan con las características para ser contratadas— sino que existen 3 mil 433 millones de pesos cuyo destino se desconoce porque fue entregado a empresas fantasmas.
En mayo del 2016, Animal Político documentó el desvío de 645 millones de pesos que hizo Javier Duarte mediante contratos a 21 empresas fantasmas. Este esquema operado desde el gobierno federal trata de una desaparición de recursos 5 veces mayor al que realizó el ex gobernador de Veracruz.
Las dos dependencias que realizaron los los mayores desvíos fueron la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) con 2 mil 224 millones de pesos y Petróleos Mexicanos con 3 mil 576 millones.
¿Qué empresas recibieron contratos?
Animal Político y MCCI localizaron que ocho firmas no se ubicaban en las direcciones que fueron registrados. En su lugar se encontraban casas principalmente ubicadas en la periferia de Nezahualcóyotl y Ecatepec en el Estado de México, o Tláhuac. Doce empresas fueron desmanteladas. Nueve se encuentran en despachos contables que no tienen empleados ni infraestructura para operar. Las casas de los accionistas están en colonias populares. Este es el caso de Francisco, un conserje de 50 años que reconoció haber funcionado como prestanombres para la empresa Maheca, S.A de C.V ganó 502 millones de pesos en ocho contratos con PEMEX-Producción y Exploración. .
Existen 6 empresas que realizan funciones diferentes a las que fueron contratadas. Este es el caso de Interamericana de Negocios y Comercio, S. A. de C. V., la cual fue contratada por la Universidad del Estado de México para simplificar los procesos de atención a derechohabientes de FOVISSTE. Según el acta constitutiva de la empresa, ésta se dedica a la venta de zapatos.
¿Desde hace cuánto se utiliza este esquema de desvío?
El mismo procedimiento se emplea desde 2010, cuando Felipe Calderón era presidente. Según datos obtenidos mediante solicitudes de información, Animal Político y MCCI encontraron que desde el 2010 hasta ahora se han firmado han firmado 2 mil 61 convenios, que involucran 31 mil 668 millones de pesos.
¿Cuáles Universidades participaron?
Las universidades que participaron en el esquema de fraude fueron la Universidad Autónoma del Estado de México y su Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT), la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Autónoma del Carmen (Campeche), y las universidades de Tabasco, Universidad Popular de la Chontalpa, Universidad Juárez Autónoma, Politécnica del Golfo de México, Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco y Tecnológica.
Consulta el reportaje completo de Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad aquí.