En México, existen denuncias por 33 mil 125 personas desaparecidas o extraviadas. Esta cifra es cercana a la población de Tulum, Quintana Roo.
Según los datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) desde 1970 hasta octubre del 2017, 24 mil 411 de los desaparecidos son hombres y 8 mil 714 son mujeres.
La características de los desparecidos son diferentes según género. El 70% de las mujeres desaparecieron cuando eran menores de 29 años. Con los hombres, casi el 60% tenía más de 30 años cuando desapareció o se extravió.
En tan sólo 4 meses, de julio a octubre del 2017, se abrieron en las procuradurías estatales 2 mil 546 carpetas de investigación por personas desaparecidas.
En ese mismo periodo, mil 316 personas fueron borradas del registro de desaparecidos. Esto no significa, en todos los casos, que las personas desaparecidas fueron halladas.
Las personas pueden ser borradas del registro cuando fueron halladas sin vida o el Ministerio Público determina que se trata de otro delito como secuestro o violación. En ese caso, la persona es eliminada de la lista de desaparecidos y reubicada en otro registro, según sea el caso.
30 mil 579 personas siguen sin ser halladas.
Estados con más denuncias de desaparecidos
Hasta noviembre del 2017, los estados que cuentan con el mayor número de carpetas de investigación por desaparición son Tamaulipas con 5 mil 558, Estado de México con 4 mil 324 y Sinaloa con 3 mil 307.
En el Estado de México, Tamaulipas y Puebla se encuentra el mayor número de investigaciones abiertas por desaparición de mujeres.
En el Estado de México, existen 8 mil 909, en Tamaulipas mil 195, y en Puebla 880.
Entre julio y noviembre del 2017, el mayor número de personas desaparecidas se concentró en el Estado de México, Sinaloa, Baja California, Jalisco y Puebla.
En el Estado de México se registraron 24.78 por ciento de las desapariciones, en Sinaloa el 12.2%, en Baja California el 8.66% en Jalisco el 6.76% y en Puebla el 5.77%.
En Tamaulipas y en el Estado de México se encuentran el mayor número de personas que no han sido localizadas.
El 15.78% de personas desaparecidas que siguen bajo investigación, fueron vistas por última vez en Tamaulipas entre 2010 y 2014.
El 9.39% de los desaparecidos bajo investigación en el Estado de México entre el 2013 y el 2017.
Problemas de registro
El RNPED integra los datos de desapariciones de las procuradurías estatales. Las bases de datos, que son actualizadas cada 3 meses no distinguen entre personas desaparecidas o personas extraviadas.
Tampoco distinguen entre las personas desaparecidas o extraviadas y personas que fueron localizadas. De esta manera, no es posible comparar el número de personas desaparecidos con respecto al año anterior.
Con motivo de protección de datos personales, los datos de las procuradurías estatales no cuentan con nombres de las personas desaparecidas.
Con la finalidad de darle identidad a las personas desaparecidas, así como reconocer cuándo entraron a lista, cuándo salieron de esta o si permanecen ahí, la organización Data Cívica buscó los nombres de las personas.
Para lograrlo generó un diccionario de nombres y apellidos. Con dichos nombres se buscó de forma automatizada en el sitio de RNEP los nombres generados por el diccionario. Cuando los nombres coincidían con la fecha, lugar de denuncia y características de las personas, fueron agregados a la lista de desaparecidos del fuero común.
Nuevo Registro
Tras dos años de negociación entre colectivos de familiares de desaparecidos y autoridades entró en vigor en enero de este año, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda que contempla la creación de un nuevo registro de personas desaparecidas y no localizados.
A diferencia del registro actual, este contará con nombre, fotografía, retrato hablado, descripción morfológica y videos o materiales gráficas que puedan ayudar a su localización. También se clasificará entre personas localizadas y no localizadas.
Se creará una Comisión Nacional Búsqueda encargada de administrar el nuevo registro. Dicho registro no sólo contemplará las denuncias de las procuradurías locales o federales, sino de autoridades en diferentes niveles. Este proceso podría tardar hasta dos años.