Hace dos años nos indignamos con la victoria de Donald Trump. Durante los meses que duraron las campañas estadounidenses, millones de mexicanos condenamos en redes sociales a un desquiciado que no dudaba en llamar a nuestros compatriotas migrantes “ladrones”, “violadores” y “narcotraficantes”. Incluso el Presidente Peña salió a dar algunos mensajes reprobando dichas declaraciones de Trump y dijo que “México no iba a pagar la construcción de ningún muro”. Parecía que nuestro gobierno alzaba la voz por los derechos de los migrantes, pero no era así.
Años de políticas fallidas en la frontera sur de nuestro país nos confirman que hace tiempo que México sí construyó un muro, no de piedra, sino de detenciones y horror en contra de nuestros hermanos centroamericanos. Nuestro gobierno, que por un lado condena las declaraciones del Donald, por el otro endurece el “Programa Frontera Sur” que, a base de detenciones, deportaciones (lo mismo de menores de edad que de ancianos) y violaciones de derechos humanos, busca “controlar” los flujos de migrantes. Es ese mismo gobierno que Peña Nieto dice que “no permitirá el acceso irregular o violento a territorio nacional”, pero que en verdad ya lo hace, o al menos así se lo permite a casi un millón de estadounidenses que viven en México de manera irregular. La realidad es que el gobierno mexicano no tiene problemas con la migración, tiene problemas con que los migrantes pobres vengan a nuestro país. Una rápida vista al sitio web del Instituto Nacional de Migración revela que para poder entrar a México sin visa basta con ser Europeo, o anglosajón; sin embargo, si vives en Guatemala, Honduras o El Salvador tendrás que cumplir con este requisito para poder visitarnos.
Con todo, haríamos mal en sólo echar responsabilidad a la presente administración. Aunque me pone feliz ver mayoritarias muestras de apoyo y solidaridad por parte de miles de mexicanos, también es cierto que el pasado 19 de octubre no faltaron las muestras de trumpismo mexicano. A quienes acusan de delincuentes, buscan refugio desesperadamente para poder tener una vida digna para ellos y sus hijos, no para robar, no para violar ni para quitarnos nuestros empleos, como diría Donald.
Desde el 2013 las solicitudes de refugio de personas provenientes de Centroamérica han aumentado 1000%. Y no hay razones para pensar que se vayan a reducir, ya que aunados a las condiciones de inseguridad, violencia y pobreza que se viven en países como El Salvador, Guatemala y Nicaragua, hay que agregar los efectos crecientes del cambio climático. De acuerdo con un artículo publicado por Alfredo Sandoval de la Universidad Iberoamericana en la prestigiosa revista Nature, los impactos del calentamiento global elevarán la cantidad de migrantes en México y Centroamérica (esta última, la región más vulnerable al cambio climático en el continente) en los próximos años.
Claro que nuestro país debe poder asegurar sus fronteras y gestionar de forma adecuada los flujos migratorios. Sin embargo, esto no tiene por qué ser a costa de los derechos humanos de migrantes, refugiados y menores de edad. Al futuro gobierno habrá que exigirle que deje de usar la frontera sur como moneda de cambio con Estados Unidos, una política hipócrita y poco estratégica que nos quita argumentos y legitimidad en nuestra postura por una reforma migratoria que mejore las condiciones para los migrantes mexicanos allá. También habrá que velar porque entiendan que para resolver la crisis migratoria, no basta con dejar de criminalizar la migración: también es necesario trabajar de manera corresponsable en esquemas de cooperación con los países de la región para promover el crecimiento económico, disminuir las desigualdades y facilitar la pacificación. Por último, a nosotros mismos debemos exigirnos no permitir la discriminación y el racismo que no queremos que sufran nuestros compatriotas en la frontera norte.