En la Ciudad de México, basados en una doble fantasía de seguridad y desarrollo económico, hemos sustituido nuestros parques por centros comerciales; construido avenidas “rápidas” donde antes había ríos; y levantado “vivienda social” en los lugares más alejados de la ciudad. Condenando a quienes menos tienen, a hacer traslados diarios de dos horas o más.
Hace casi 20 años que inició el boom de centros comerciales en nuestra ciudad, bajo una lógica de impulso a la economía. Abanderada por la jefatura de gobierno y las delegaciones, se han permitido cientos de construcciones que no cumplen con las normas de construcción o incumplen con medidas de mitigación necesarias para compensar las afectaciones que normalmente generan: tráfico, desabasto de agua, afectación de estabilidad de otras construcciones alrededor, gentrificación, etc.
El crecimiento económico debe ser parte importante de la planeación de las ciudades, pero éste no tiene por qué ser el único criterio ni el más importante, menos cuando los beneficios del mismo son únicamente para unos pocos y en detrimento de muchos. De hecho, bien nos haría preguntarnos si el tipo de economía que impulsan este tipo de desarrollos, una basada en el consumismo y la deuda, así como empleos precarios, es lo que queremos para nuestra ciudad.
Las plazas comerciales representan para algunos, la fantasía de modernidad. Buscan recrear entornos urbanos y públicos en ambientes artificiales y privados. Sin embargo, la realidad es que hemos sacrificado auténticos espacios públicos como parques, casas de cultura o bibliotecas en favor de la privatización de nuestro territorio. Una privatización decidida por unos cuantos y que nos excluye a la mayoría de las personas.
Hace algunos años, leí Muerte y vida de las grandes ciudades de Jane Jacobs, una de las teóricas del urbanismo más importantes de los últimos tiempos. En su libro, Jacobs ya nos advertía, desde una Nueva York al borde del colapso, de los peligros de dejar a unas élites decidir sobre el crecimiento de las ciudades. Pues, amparados en una supuesta mirada técnica-científica, estos pequeños grupos imponen sobre los demás su visión de cómo deben ser las cosas. En México esto no es la excepción, el académico Alfonso Valenzuela argumenta ampliamente en su libro “urbanistas y visionarios” que durante el siglo XX el crecimiento urbano de la Ciudad de México ha estado sujeto en gran parte a criterios de expertos tecnócratas, “sin objetar que dichos individuos muchas veces responden a intereses políticos y económicos definidos por las élites dominantes nacionales o internacionales”.
A mi parecer, el derrumbe de Artz Pedregal nos debe llevar a dos discusiones, por un lado la de ¿Qué tipo de ciudad queremos construir? (una incluyente que valore el territorio, el agua y el aire como bienes comunes, o una excluyente en la cual sólo aquellas personas con ingresos puedan disfrutarla) y otra que tiene que ver con cómo garantizamos el cumplimiento de las normatividades de construcción.
Para caminar hacia una gestión más responsable del territorio, es necesaria la participación de vecinos y organizaciones de la sociedad civil en el crecimiento de la ciudad, aquí un par de propuestas al respecto:
Primero, solicitar mediante transparencia si los centros comerciales que se han construido en efecto cumplen de forma correcta con todos los estudios de impacto urbano y ambiental, así como si han cumplido con las medidas de mitigación necesarias y otras medidas de seguridad. Hace unos días el periodista Rafael Cabrera compartió la lista que hizo, la cual contiene cada uno de los centros comerciales construidos entre 2006 y 2016 en la Ciudad de México y se encuentra disponible para consulta en este enlace. Con esa información sería importante exigir rendición de cuentas en las irregularidades detectadas y exigir el cumplimiento de las normas de construcción.
Segundo, dar seguimiento puntual, desde colectivos vecinales y organizaciones de la sociedad civil, a la creación del Instituto de Planificación Democrática de la Ciudad, del Plan General de Desarrollo de la Ciudad, del Programa General de Ordenamiento Territorial (y los de las alcaldías); para que estos estén en línea con una visión sustentable y democrática de la ciudad; así como a las designaciones del Sistema Local Anticorrupción de la Ciudad de México para que este esté integrado por los perfiles más capaces.