Una petición en la plataforma Change.org para que el Senado de la República no apruebe la Ley de Seguridad Interior, aprobada la semana pasada por la Cámara de Diputados, ha juntado en menos de una semana más de 72 mil firmas.
Se tiene programado que este martes 5 de diciembre, la Ley llegue al Senado para ser ratificada.
"La semana pasada, a puerta cerrada, excluyendo a la sociedad civil, la Cámara de Diputados de México aprobó una ley diseñada para militarizar al país: la Ley de Seguridad Interior (LSI) pretende normalizar la participación de las fuerzas armadas en labores policiales. Esta medida, que ha sido denunciada por organismos nacionales e internacionales, llegará al Senado el próximo martes 5 de diciembre", dice la petición en la plataforma.
¿Qué es la Ley de Seguridad Interior?
La Ley de Seguridad Interior busca regular la participación de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública y combate al crimen organizado, a casi 11 años de que inició la llamada guerra contra las drogas.
Sin embargo, la legislación da manga ancha al Ejército y a la Marina en el combate al crimen, les permite intervenir comunicaciones sin orden judicial, reserva información de sus operativos y les permite dispersar marchas y protestas a través de fuerza pública.
La tarde del jueves 30 de noviembre la Ley fue aprobada la Cámara de Diputados, por una mayoría integrada por el PRI, Partido Verde y PAN.
¿Y por qué el rechazo?
Organismos internacionales y nacionales defensoras de derechos humanos -entre ellas Amnistía Internacional, la ONU y la CNDH- han urgido al Congreso mexicano a rechazar la Ley de Seguridad Interior.
Según han mencionado, la aprobación de la Ley representa un peligro a los derechos humanos y un retroceso a las reformas en materia de derechos humanos que restringieron el alcance del fuero militar.
Las organizaciones han documentado el incremento de la violación a los derechos humanos tras la participación de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. También han documentado los altos obstáculo que enfrenta el sistema de justicia civil para investigar y sancionar los abusos del crimen organizado y de las fuerzas armadas.
El colectivo Seguridad Sin Guerra también ha pronunciado en contra de dicha Ley.
