El 30 de junio de 2014, un grupo de 22 personas murió en una bodega de Tlatlaya, Estado de México, durante un supuesto enfrentamiento con el Ejército Mexicano.
El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, dijo que el Ejército en su legítima defensa actuó y abatió a los presuntos delincuentes.
Pero tres meses después, el periodista Pablo Ferri reveló el testimonio de una testigo que narró cómo 15 de las 22 personas fueron ejecutadas por el Ejército, a pesar de que ya se habían rendido ante los militares.
La agencia AP dio a conocer que existían indicios de que no había existido ningún enfrentamiento y detalló que había sangre en la pared que sugería que las personas podrían haber estado de pie y recibieron un disparo en el pecho.
El gobierno, como siempre, prometió averiguar.
Una investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluyó que ocho militares ejecutaron a 15 de las 22 personas en la bodega de Tlatlaya.
Los soldados implicados en el caso fueron recluidos en una prisión militar pero en mayo de 2016 todos quedaron libres.
Pese a que ya han pasado casi tres años de la matanza, un juez acaba de ordenar que las autoridades vuelvan a investigar los hechos.
El juez concedió un amparo a Clara Gómez, la testigo clave del caso, y quien denunció omisiones del agente de la PGR encargado de investigar el caso.
Con este fallo, la PGR deberá integrar un sólo expediente del caso para evitar que se dispersen las pruebas.
A tres años del caso, ninguno de los militares responsables de los homicidios está en prisión.
