Desde 2016, los funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) responsables de la investigación del caso Ayotzinapa supieron que un órgano interno de la dependencia miraba de cerca su actuación.
La Visitaduría General de la PGR, un órgano interno que se encarga de atender denuncias y quejas contra funcionarios de la dependencia, comenzó una investigación sobre el caso Ayotzinapa el 28 de abril de 2016.
El órgano interno concluyó en un informe que existieron actos de tortura contra algunos de los detenidos en el transcurso de la investigación.
Casi dos años después, una parte del documento elaborado por la Visitaduría General fue retomado por la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para un informe dado a conocer ayer en el que aseguró que al menos 34 de los detenidos fueron torturados.
"Golpes, patadas, toques eléctricos, vendaje de ojos, intentos de asfixia, agresiones sexuales y diversas formas de tortura psicológica", son las torturas que enunció la ONU en su informe. "En varios casos habría habido amenazas de violación sexual a las mujeres familiares de las personas detenidas".
Un memorándum al rescate de Tomás Zerón de Lucio
En medio de las investigaciones internas de la PGR por el caso Ayotzinapa, la Subsecretaría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) envió en 2016 un memorándum a la entonces procuradora Arely Gómez para defenderse.
BuzzFeed News México tuvo acceso a este documento.
El memorándum refutaba las conclusiones de la Visitaduría General y defendía la actuación de Tomás Zerón de Lucio, el jefe de la Agencia de Investigación Criminal señalado por los padres de los 43 normalistas y por el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como uno de los responsables de las presuntas irregularidades en el caso.
Uno de los principales argumentos de los críticos de la investigación de la PGR es la aparición de Zerón de Lucio junto con el inculpado Agustín Reyes García en un video haciendo un recorrido que, argumentan, nunca estuvo debidamente establecido dentro de los expedientes.
Agustín Reyes García es uno de los inculpados clave en el documento de la ONU presentado ayer, en el informe de la Visitaduría General y en el memorándum de la SEIDO.
Reyes García es quien declaró que los cuerpos de los normalistas fueron incinerados, reducidos a cenizas y que éstas fueron lanzadas en ocho bolsas de basura negras en el río San Juan en Cocula, Guerrero.
El informe de la Visitaduría General aseguraba que Agustín Reyes García fue torturado porque las lesiones que presentaba no fueron detalladas por un médico naval que lo atendió. Sin embargo, el memorándum de la SEIDO sostiene que las lesiones sí fueron revisadas por un perito certificado en la materia.
El grupo de expertos de la CIDH ha criticado ampliamente la diligencia en la que Agustín Reyes García fue llevado al río San Juan. Dicha diligencia, según estos expertos, estuvo marcada por la ausencia de protocolos legales.
La Visitaduría General asentó esto en su informe (que fue cuestionado por exfuncionarios de la PGR por las "extrañas coincidencias" con otro documento elaborado por los padres de los 43) y dijo que las autoridades fueron omisas por permitirle a Agustín Reyes García salir de su arresto hacia esa diligencia ocurrida el 28 de octubre de 2014 porque no hubo un mandato judicial que lo permitiera.
En su memorándum dirigido a la procuradora, la SEIDO aseguró que la diligencia en el río se realizó “a la luz pública, ya que diversos medios de comunicación dieron testimonio con sus publicaciones de dicho traslado”.
Además, la SEIDO sostuvo que sí existió un oficio (con folio SEIDO/UEIDMS/FED/9941/2014) con el que se autorizó “el cese de guardia y custodia de forma temporal del entonces imputado García Reyes”.
Ese oficio, según el memorándum, fue aprobado por tres funcionarios federales distintos. El objetivo de llevar al detenido Agustín Reyes García de las oficinas de la SEIDO en la capital mexicana al río, ubicado en el estado de Guerrero, en un helicóptero era que éste reconociera lugares y señalara objetos incluidos en la investigación.
El grupo de expertos de la CIDH ha insistido en que Agustín Reyes García no tuvo acceso a un abogado durante la diligencia en el río. La SEIDO, por su parte, escribió en el memorándum que no era necesaria la presencia de un abogado en ese momento, pues “el único propósito de aquella visita fue la ubicación de un lugar que el propio indiciado habíaa señalado previamente en su declaración ministerial en presencia de su defensor”.
La ONU-DH retomó una parte de las conclusiones del grupo de experto y de la Visitaduría General para su informe presentado ayer. Como respuesta, la PGR dijo que sólo en "casos excepcionales" se acreditó que los imputados sufrieron tortura.
Ante el informe de @ONUDHmexico, @GobMx reafirma su determinación por esclarecer plenamente el caso #Iguala. Continuará trabajando con el Mecanismo de Seguimiento de @CIDH, familiares de víctimas y representantes, agotando todas las líneas de investigación https://t.co/zHCm3G6tRQ https://t.co/EGQ4xtvw4G
Tomás Zerón ha dicho que él no está siendo investigado por la PGR sino otros funcionarios relacionados con la investigación
El memorándum para salvar a Tomás Zerón de Lucio de los señalamientos de la investigación interna termina con este tono: “Resulta aberrante el que un servidor público de la Procuraduría General de la República, como lo es el visitador general, desacredite la actuación de servidores públicos de la institución con la ligereza que se advierte en su resolución, sin un análisis lógico y concatenado”.
ACTUALIZACIÓN
Esta nota fue actualizada para agregar nueva información con respecto a los documentos analizados.