Una mujer de 29 años de edad con trastorno del desarrollo intelectual y discapacidad del habla murió después de dar a luz por mala atención del personal médico que la trató en un hospital de Tabasco.
A las 6:30 horas del 20 de noviembre de 2014, la joven parió a una niña en el Hospital General de Macuspana, donde fue internada por su madre.
Ahí, personal médico de la Secretaría de Salud de Tabasco dejó la placenta dentro de la matriz de la mujer y no limpió de manera adecuada a su hija, quien fue dada de alta a pesar de que no le fue extraído el líquido amniótico.
Posteriormente, a las 12:25 horas, la mujer fue trasladada al hospital “Gustavo A. Rovirosa” en Villahermosa, Tabasco, a casi una hora de distancia de donde se encontraba.
Debido a la mala atención médica que recibió, la mujer tuvo una hemorragia y perdió grandes cantidades de sangre que dificultaron que su corazón bombeara adecuadamente al resto del cuerpo.
Por ello, los órganos de la mujer fallaron y murió a las 20:00 horas, según una investigación realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
Ocho meses antes de la muerte de la joven, el hospital de Macuspana solicitó en tres ocasiones distintas apoyo para contratar personal de cirugía general, de ginecología y para el turno nocturno.
Los médicos que ocupaban las plazas de esas especialidades murieron y la Secretaría de Salud de Tabasco tuvo conocimiento de ello; asimismo, el hospital llevaba años sin personal de ginecología para el turno de noche y la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) observó este hecho durante una supervisión.
Pero al momento de la muerte de la joven, la falta de personal seguía en las mismas condiciones y el hospital no siguió las recomendaciones de la Cofepris.
Semanas después de los hechos, la CNDH atrajo el caso e inició una queja en la que constató que el médico responsable del procedimiento no asentó su nombre ni su firma en el reporte.
La Comisión consideró especialmente grave la muerte de la mujer, debido a su condición de vulnerabilidad.
La hija de la joven está en edad preescolar y su abuela, de 66 años, no tiene el dinero suficiente para hacerse cargo de ella.
En una recomendación dirigida al gobernador Arturo Núñez, la CNDH solicitó la creación de un fideicomiso para que la hija cuente con recursos necesarios para su manutención y estudios. También solicitó al gobierno estatal que colabore en una denuncia penal que será interpuesta por estos hechos.
Este constituye uno más de los casos de violencia obstétrica en el país, la cual ha sido definida por el Grupo de Información en Reproducción Asistida como una forma específica de violencia contra las mujeres que se genera durante la atención del embarazo, parto o posparto.
"Consiste en cualquier acción u omisión por parte del personal del Sistema Nacional de Salud que cause un daño físico o psicológico a la mujer durante el embarazo (...) que se exprese en la falta de acceso a servicios de salud reproductiva, un trato cruel, inhumano o degradante, o un abuso de medicalización, menoscabando la capacidad de decidir de manera libre e informada sobre dichos procesos reproductivos".