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Elba Esther Gordillo vs. Carlos Loret de Mola y otros casos para callar y censurar periodistas

Opinión: Las demandas y denuncias no son las únicas herramientas utilizadas para callar y censurar periodistas...

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La maestra Elba Esther Gordillo fue dueña del SNTE, el sindicato federal de maestros de México, de 1989 a 2013. Al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto fue aprehendida por los supuestos delitos de desvío de recursos del sindicato, delincuencia organizada y lavado de dinero (operaciones con recursos de procedencia ilícita).

El 7 de agosto de 2018, luego de 5 años, 5 meses y 11 días bajo arresto, fue puesta en libertad. La maestra regresó con todo: primero ofreció un mensaje público de unos 12 minutos para advertir que recuperará su liderazgo político y, dos días después, su abogado anunció que demandará por daño moral al periodista Carlos Loret de Mola.

En el Código Penal Federal no existen los delitos de difamación, calumnia o injurias. Lo que existe como conducta ilícita a nivel federal, relacionada con el ejercicio del periodismo, es el daño moral. El Código Civil Federal define el daño moral como “la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás”.

Loret de Mola no será el primer periodista que enfrente una demanda de este tipo. Un eventual proceso en su contra volverá a encender las alarmas sobre la judicialización del periodismo en México y las distintas maneras de callar y censurar a los periodistas. Como en todo, hay casos más complejos que otros, pero vale la pena tenerlos en la mira.

Yo seguiré haciendo mi trabajo periodístico. Venga lo que venga. Muchas gracias a quienes me han expresado su solidaridad y cariño. https://t.co/qhLEeDaSNA

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1. El club de los 10 millones de pesos

Loret de Mola se unirá a una lista cada vez más abultada de periodistas que enfrentan demandas por daño moral. El exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, demandó al analista Sergio Aguayo y exigió en tribunales una indemnización de 10 millones de pesos. A Moreira no le gustó que Aguayo opinerada que su carrera política “olía a corrupción y que era un ejemplo de impunidad”.

El exgobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, también exige 10 millones de pesos al periodista Humberto Padgett como reparación de daño moral. Padgett participó con un perfil sobre Eruviel Ávila en el libro Los Suspirantes 2018, en donde denunció que el exgobernador conoció de supuestas situaciones sexuales con menores de edad que involucran a Onésimo Cepeda, obispo emérito de Ecatepec. Antes de cargarla contra Padgett, Moreira ya había practicado la estrategia contra el periodista Pedro Ferriz de Con.

El abogado de Emilio Lozoya Austin amenazó con presentar demandas por daño moral contra quienes resulten responsables de la supuesta “campaña mediática” en su contra. La amenaza pareció estar dirigida a los periodistas Ignacio Rodríguez Reyna y Alejandra Xanic, quienes han dedicado los recientes dos años a documentar los vínculos de Lozoya, exdirector general de Pemex, con el departamento de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Rodríguez Reyna dirige la multipremiada revista emeequis y Alejandra Xanic es el único mexicano que ha ganado un Pulitzer en periodismo.

Otro caso es el de Carmen Aristegui. El empresario Javier Vargas, propietario de MVS, considera que la periodista dañó su reputación en el prólogo del libro La casa blanca de Peña Nieto: La historia que cimbró un gobierno. En el texto introductorio al reportaje sobre una mansión que Peña Nieto compró a un proveedor de gobierno, Aristegui describió la relación de Vargas con el presidente y hace consideraciones sobre la manera en que ésta pudo influir para evitar la publicación del reportaje.

También paradigmático fue el caso Marta Sahagún vs. Olga Wornat y la revista Proceso, por el libro biográfico La Jefa. En el libro, Wornat abordó detalles de la vida privada de Sahagún que no gustaron a la esposa del entonces presidente Vicente Fox Quesada.

2. Los poderosos y la libertad de expresión

Para el relator especial sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las demandas por daño moral o las denuncias por difamación, calumnia o injurias donde se puedan sirven a los poderosos como herramienta para inhibir la libertad de expresión.

El delito de difamación está vigente en Guanajuato, Nuevo León, Baja California Sur, Nayarit, Michoacán y Yucatán. El delito de calumnia está vigente en Hidalgo, Guanajuato, Nuevo León, Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Zacatecas, Colima, Michoacán, Campeche y Yucatán, como documenta Eréndira Aquino en un artículo de Animal Político.

“Muchos funcionarios de gobierno o jerarcas públicos invocan las leyes penales sobre la calumnia, la injuria y la difamación de la misma forma que las leyes de desacato, con la misma intención de silenciar a los periodistas cuyos artículos periodísticos critican asuntos de interés público”, describe la CIDH.

Las demandas y denuncias no son las únicas herramientas utilizadas para callar y censurar periodistas, pero tienen una gran efectividad. Un proceso judicial suele ser engorroso y apuesta al agotamiento de alguna de las partes, sobre todo de la que tenga menos tiempo y dinero. Si un periodista no tiene el apoyo de su medio de comunicación, tendrá que hacer uso de recursos propios o esperar la solidaridad de terceros. Y, para bien o para mal, no todos los periodistas en México tienen la fama de un Loret de Mola o una Carmen Aristegui.

Periodista. Desde 2010 edita la versión digital de El Economista en la Ciudad de México. Maestro en Transparencia y Protección de Datos Personales por la Universidad de Guadalajara. Tiene especialización en derecho de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información. Contacto: soto.galindo@gmail.com https://twitter.com/holasoto http://economicon.mx

Contact José Soto Galindo at inigo.arredondo+economicon@buzzfeed.com.

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