El pasado 29 de agosto en la escalinata del Ángel de la Independencia, se encontraba Grace Fernandez, integrante del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM). A unos pasos de ella estaba Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX). Grace y Gustavo estaban rodeados de poco más de 100 personas, muchas de ellas, sosteniendo carteles con la leyenda “#FiscalíaQueSirva” o “#VamosPorMás”.
A Grace la vida le cambió trágicamente el 19 de diciembre de 2008, cuando militares desaparecieron en Torreón, Coahuila, a su hermano Dan Jeeremel, quien iba a recoger a su hija a casa de una compañera. Durante 9 años, ella y su mamá han padecido el infierno que viven decenas de miles de familias que buscan a sus desaparecidas y desaparecidos en México.
“Nosotros iniciamos la búsqueda sin saber, con esa larga espera de las 72 horas para poder iniciar una averiguación previa y sin conocimiento alguno de las formas legales en las que podíamos proceder”, me confía Grace.
Durante el primer año conocieron a 10 familias que, como ellas, enfrentaban los malos tratos e incompetencia de la Procuraduría de Coahuila, por lo que en diciembre de 2009 integraron el Colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec) y en 2011, FUNDEM.
Grace y su mamá han visto pasar a 6 titulares de la PGR desde que tocaron sus puertas en 2009 y han gastado todos sus recursos en la búsqueda de Jeeremel. Grace, Contadora Pública de profesión, lidia con la inestabilidad laboral generada por la ardua labor de ir y hacer a donde las procuradurías son incapaces de ir y hacer.
Gustavo es empresario y abogado originario de Nuevo León. Desde 1994 forma parte del sindicato patronal más grande del país, el cual dirige desde 2015. COPARMEX agrupa a más de 36,000 empresarios del país y sus empresas afiliadas representan el 30% del PIB.
Ese 29 de agosto de 2017, no era la primera vez que Gustavo se encontraba manifestándose en el Ángel de la Independencia. El 16 de junio de 2016, el día en el que el Congreso aprobó el Sistema Nacional Anticorrupción, rodeado de un centenar de afiliados al sindicato, la COPARMEX salió a exigirle al Congreso y a Enrique Peña Nieto, poner alto a la impunidad. “No más corruptos impunes” declaró Gustavo desde la escalinata.
El reclamo se dio después de que los legisladores aprobaran la obligación a que empresarios presentaran su declaración “3 de 3”, casi como una vendetta contra el empresariado por haber impulsado esa misma obligación para los funcionarios públicos. La #Ley3de3 había sido la etiqueta bajo la cual, por meses, organizaciones civiles y empresarios se dieron a la tarea de recabar 634 mil firmas para presentar la iniciativa ciudadana de Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que abrió la puerta a la discusión de las 7 leyes que crearon el Sistema Nacional Anticorrupción.
La COPARMEX fue uno de los principales impulsores de la #Ley3de3. Fue 2016 el año en el que los escándalos de corrupción proliferaron como nunca antes en la historia del país: Javier Duarte y Roberto Borge se convirtieron en el estandarte de la corrupción que, se ha dicho, llega a costar el 10% del PIB nacional, anualmente.
Grace representando a un movimiento de víctimas de la violencia y Gustavo como representante de un grupo económico muy relevante en el país, probablemente nunca pensaron coincidir en un mismo espacio y en una misma agenda. Pero como a muchas personas y organizaciones más, los había unido la impunidad: una hiedra omnipresente en la vida nacional, cuyo corazón se encuentra en la Procuraduría General de la República.
Ese día en el Ángel, la exigencia fue dirigida al Congreso de la Unión y a la clase política: Reformar la Constitución para construir una Fiscalía General verdaderamente autónoma, eficaz e independiente antes de que concluyera el periodo legislativo que culminó el pasado 15 de diciembre.
La exigencia de los colectivos no descansaba en una inocentada. En 2014, dentro de la Reforma Política, se modificó el artículo 102 de la Constitución para transformar a la PGR en una Fiscalía General autónoma, pero la reforma fue tan mala que la autonomía solo quedaría en el papel. Fue hasta octubre de 2016, cuando organizaciones defensoras de derechos humanos advirtieron que Enrique Peña Nieto removería a Arely Gómez de la titularidad de la PGR, cuando se creó el colectivo #FiscalíaQueSirva, que desde entonces ha trabajado en hacer propuestas para extinguir la PGR y dar luz a una Fiscalía verdaderamente autónoma e independiente del poder político. Una de las grandes preocupaciones de #FiscalíaQueSirva fue el llamado “pase automático” que la reforma de 2014 estableció para que quien fuera el titular de la PGR en el momento de la creación de la Fiscalía General, se convirtiera en su titular hasta por 9 años.
Cuando Peña Nieto nombró -y el Senado ratificó en menos de 24 horas- a Raúl Cervantes, surgió la etiqueta #FiscalCarnal, que explicó con mucha claridad que el titular que estaba nombrando el Presidente sería el garante de la impunidad de este sexenio hasta por 9 años, pues Cervantes no solo pertenece al PRI, sino que es familiar de quien fuera su Consejero Jurídico y había pertenecido al grupo de abogados que litigó el caso MONEX, a favor del PRI.
Desde el nombramiento de Cervantes la preocupación latente del colectivo fue que el Congreso emitiera la declaratoria que creara la Fiscalía General sin corregir la reforma de 2014 y que su titular fuera el #FiscalCarnal, preocupación que se extendió a muchas más personas y organizaciones. Fue así que en agosto del año pasado, #FsicalíaQueSirva unió fuerzas con #VamosPorMás, un colectivo que, en su mayoría, está formado por las organizaciones que impulsaron y acompañaron la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. La salida en el Ángel de la Independencia fue de ambos colectivos. La agenda anticorrupción y la de derechos humanos se encontraban más armonizadas que nunca en torno a la exigencia concreta de contar con una reforma profunda al sistema de procuración de justicia mexicano y combatir eficazmente la impunidad de casi el 98%.
Una semana después de la salida, los colectivos presentaron en el Congreso lo que denominaron “dictamen ciudadano”, un documento que recogió lo mejor de las iniciativas de reforma al 102 presentadas ante el Congreso, contrastadas con la experiencia internacional. Se le denominó “dictamen” porque el trabajo fue tan acabado, que prácticamente los legisladores podrían tomarlo y presentarlo en el Pleno para aprobarlo; pero ganó la falta de voluntad política y la coyuntura del #FiscalCarnal, pues en agosto de 2014, los partidos que hoy integran la coalición “Por México al Frente”, impidieron la instalación de la Cámara de Diputados el 1º de septiembre pasado, hasta que el PRI aceptó eliminar el pase automático. Entonces los colectivos decidieron insertar el dictamen ciudadano en el terreno legislativo. Eliminar el pase automático requería de una modificación constitucional y si esa era el acuerdo político logrado con el PRI, la lógica dictaba que deberían de hacer la reforma profunda al 102 y no solo a una parte.
Pero como la lógica (y la responsabilidad) no son propias de la clase política, los colectivos entraron a una dimensión extraña de la coyuntura. Durante las últimas semanas de agosto y las primeras de septiembre, el dictamen fue presentado a todas las fuerzas políticas a través de los órganos del Congreso y las dirigencias partidistas. Todos los liderazgos políticos coincidieron en que la reforma al 102 es necesaria para contar con una Fiscalía autónoma, eficaz e independiente del poder político, pero todas dijeron que “no alcanzaba”.
Al tratarse de una reforma constitucional y por la composición actual del Congreso, se necesitaban 2/3 partes para alcanzarla, por lo que la mayor responsabilidad recayó en el PRI, partido que empezó a mostrar una descoordinación entre su bancada en la Cámara de Diputados y la de Senadores. Gamboa y Camacho “se aventaban” la bolita mutuamente, mientras los colectivos seguían reuniéndose con las otras fuerzas políticas para lograr un acuerdo que trascendiera la discusión al #FiscalCarnal y reformara profundamente el artículo 102. Todo iba bien, hasta el 19 de septiembre. Representantes de los colectivos estábamos reunidos con la dirigencia de Morena, el último partido en recibirnos, y justo en una de sus oficinas en la Colonia Roma, vivimos el sismo.
Los sismos de septiembre hicieron que la lucha por la #FiscalíaQueSirva, que estaba en la cima de la agenda política nacional, se desvaneciera. La reforma al 102 que eliminó exclusivamente el pase automático de Cervantes, ocurrió el pasado mes de diciembre, casi inadvertida, en medio de la coyuntura generada por la aprobación de la Ley de Seguridad Interior y después de que en el terreno de la PGR ocurrieran todo tipo de cosas como la renuncia de Cervantes y la destitución de Santiago Nieto al frente de la FEPADE.
Hoy la PGR no tiene titular. El responsable de despacho tiene la puerta cerrada a las víctimas y la coyuntura electoral devora todo lo que encuentra a su paso. Pero, como era de esperarse, la corrupción y la impunidad se han colocado en el centro de la agenda política y parece que quedarán instaladas a lo largo del proceso electoral.
José Antonio Meade envió, la semana pasada, propuestas “anticorrupción” al Congreso y ha urgido a los legisladores a realizar el nombramiento del Fiscal Anticorrupción y aprobar la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, con lo cual se crearía la Fiscalía en los pésimos términos de la reforma de 2014.
Andrés Manuel López Obrador, por su parte, ha presentado propuestas de ternas de Fiscal General, Fiscal Anticorrupción y Fiscal Electoral, con un letrero enorme de MORENA y Encuentro Social, de escenario y olvidando el actual marco constitucional.
Ricardo Anaya dice estar de acuerdo con la Reforma al 102, pero su liderazgo en el Congreso es débil y la prueba de lo mermado que se encuentra, está en la aprobación de algunas reformas por miembros de su partido, a finales del año pasado, principalmente con la Ley de Seguridad Interior.
Es por eso que los colectivos decidieron regresar al Ángel de la Independencia este 31 de enero. Es por eso que asumimos que si lo electoral ha de mover al Congreso para realizar cambios al sistema de procuración de justicia, tomando como estandarte la supuesta intención de combatir la corrupción, la solución no va a venir de quienes la han negado, cultivado y resguardado. Es por eso que hay que decirles que sí, pero no como dicen. El golpe a la impunidad tiene que dirigirse a su corazón, a la PGR.
Ningún candidato tiene la victoria asegurada y un buen resultado de esta batalla va a lograr que exista un verdadero contrapeso para quien sea que ocupe la presidencia el próximo sexenio. La acción penal no puede seguir siendo una herramienta política a disposición de quienes la controlan. ¿No estamos viendo cómo hacen todo para evitarla? ¿No estamos viendo lo que una procuraduría, como la capitalina, es capaz de causar daños, incluso a menores de edad, por ser un instrumento del gobernante en turno? Es momento de ver más allá de las personas en la escalinata y dimensionar la histórica convergencia de agendas y luchas, en un mismo lugar, en torno a una misma exigencia.
Es muy difícil explicar qué quiere decir #VamosPorMás, #FiscalíaQueSirva, #Reforma102 y #AquíyAhora, pero que no quede duda: se trata de la verdadera lucha contra la corrupción y la impunidad.