Esta investigación se ha realizado en colaboración con CORRECTIV y se ha financiado a través de crowdfunding.correctiv.org y gracias a la fundación Volkart.
Un miércoles por la tarde de mayo de 2017, Kalima decide denunciar a su violador. Esta marroquí está sentada en una cafetería de Palos de la Frontera, en Huelva, a su alrededor comen trabajadores de las obras y las oficinas cercanas. Las paredes están decoradas con redes de pesca y cangrejos de plástico. Huele a pescado y a fritanga. Kalima trabaja a pocos kilómetros de allí, en una plantación de fresas donde la vida es un infierno. No hay cocina, seis mujeres duermen en un mismo cuarto, y solo pueden ducharse una vez a la semana. Y luego está su supervisor Abdelrahman, marroquí. “Viene todas las noches”, cuenta Kalima.
“Tiene el número de teléfono de todas las mujeres”. Kalima dice que las obliga a acostarse con él. Cada noche una mujer distinta. “Si te niegas, te castiga en el trabajo”. Tiene miedo, está desesperada. Por eso Kalima no es su verdadero nombre. Por motivos legales también hemos modificado el nombre de su supervisor. Kalima ya lleva dos meses trabajando en España, y en este tiempo Abdelrahman la ha violado varias veces. Se echa a llorar y dice que está herida, que le duele al sentarse, y que ya no aguanta más. Cuando vuelva a la plantación más tarde, será la última vez.
El hecho de que quiera denunciar a Abdelrahman la convierte en una excepción. Estas mujeres suelen callar. Tienen miedo de perder el trabajo. Y están solas. Como normalmente se trata de trabajadoras inmigrantes que no hablan el idioma y viven en los campos, les resulta casi imposible denunciar su situación o pedir ayuda. Ni la policía, ni la justicia, ni los sindicatos ni ninguna otra organización acuden en su auxilio. Por eso muchas violaciones son un secreto que solo conocen las mujeres y sus agresores. Y por eso hasta ahora apenas se ha escrito sobre ello.
Esta investigación de BuzzFeed News muestra por primera vez lo generalizada que está la violencia sexual contra las jornaleras en la agricultura mediterránea y la gravedad de la situación.
También muestra que los supuestos culpables casi siempre quedan impunes, y que tanto los sindicatos locales como la policía, así como las autoridades españolas competentes no toman suficientes medidas para proteger a estas mujeres. En sus declaraciones a BuzzFeed News, algunos miembros de los sindicatos hablan de esclavitud.
BuzzFeed News ha hablado con más de 100 trabajadoras del campo en España, Marruecos e Italia, y ha realizado decenas de entrevistas a especialistas, sindicalistas, trabajadores sociales, sacerdotes y activistas por los derechos humanos.
28 mujeres declararon a BuzzFeed News haber sido acosadas sexualmente o violadas por sus superiores. Unas 50 mujeres más habían sufrido violencia física y habían recibido amenazas.
Todas las mujeres entrevistadas declararon a BuzzFeed News haber sufrido abusos verbales, insultos y humillaciones por parte de sus superiores. Solo unas pocas lo denunciaron a la policía. Ninguno de los supuestos agresores fue condenado.
Las ONG locales aseguran a BuzzFeed News que no hay problemas de este tipo.
En España, durante la época de cosecha, se produce un incremento en el número de abortos. Las trabajadores sociales sospechan que podría tratarse de un indicador de los abusos.
Estas mujeres recogen sobre todo fresas y tomates que después se venden en los supermercados alemanes con el certificado de productos “seguros y sostenibles”.
Global GAP, la empresa que expide dichos certificados, ha iniciado una investigación.
Los supermercados alemanes, como por ejemplo LIDL, no se consideran responsables.
“Me dijo que si no hacía lo que él quería, me mataría”.
Las trabajadoras la llaman “la casa de las mujeres que lloran”. Aquí fue donde Abdelrahman abusó de Kalima, en medio de un laberinto kilométrico de campos separados por zanjas cenagosas. En esta plantación viven unas cien mujeres marroquíes y rumanas. Se levantan a primera hora de la mañana para recoger cientos de cajas de fresas y frambuesas. En el cielo se alzan las chimeneas de una planta química, a sus pies las mujeres se arrodillan en el barro entre hileras infinitas de fresas.
Ninguna de ellas se atreve a hablar con las periodistas cerca de la casa. Para que no las vean con extraños, dos trabajadoras marroquíes se acercan a una plantación cercana en la que viven unas amigas. Cierran la puerta de la cocina y miran precavidas por el ventanuco. Sabiha trabaja aquí desde principios de marzo. Dice que el jefe de la empresa, el superior de Abdelrahman, es “cruel e inhumano”. Tiene miedo de las consecuencias, así que su nombre también se ha modificado.
“Nos grita porque hablamos en árabe, porque no sabemos español. Nos humilla constantemente”. Sabiha y sus compañeras explican que a veces no les dejan ducharse en toda la semana. Una pesadilla después del duro trabajo en los campos a temperaturas superiores a los 40 grados.
Cuenta que no puede hacer descansos, ni siquiera cuando le duele la espalda de tanto agacharse a recoger las fresas. “Me dice que tengo que llenar más cajas, cada vez más y más”, añade. Las mujeres afirman que el jefe les pega y las pisotea. A Sabiha se le llenan los ojos de lágrimas mientras lo cuenta. “Es el infierno en la tierra”.
“Abdelrahman me aisló y me obligó a ir con él”, dice Kalima. “Me dijo que si no le obedecía, me mataría”. La llevó en medio de los campos, lejos de la casa. “Me hizo arrodillarme delante de él y me obligó a tener sexo anal”. Declara que Abdelrahman la violó repetidamente a lo largo de varias semanas entre marzo y abril de 2017.
Las fresas reciben el certificado de productos “seguros y sostenibles” y se venden a los supermercados alemanes
BuzzFeed puede demostrar que las fresas recogidas por mujeres como Kalima también se venden en los supermercados alemanes. Después de salir de la plantación y de envasarse para el consumo final, reciben un certificado de Global GAP (“Good Agricultural Practice”), una empresa que certifica a los proveedores de fruta, ganado o acuicultura cuyos productos sean “seguros y sostenibles”. Según sus propias declaraciones, Global GAP es la empresa certificadora no estatal con mayor influencia en el sector de la seguridad de los alimentos.
Gracias al certificado de Global GAP, BuzzFeed News ha podido averiguar que la empresa para la que trabaja Kalima abastece a una cooperativa mayor llamada “Sociedad Cooperativa Andaluza Santa María de la Rábida”, más conocida por el nombre de la marca “Fresón de Palos”. En 2014, la cooperativa declaró ser “el mayor productor de fresas de toda Europa”.
La respuesta de Global GAP a las preguntas de BuzzFeed News fue la siguiente:
“La oficina de GLOBAL G.A.P. no conocía la situación de la región de Huelva. Investigaremos de inmediato la información proporcionada en colaboración con el organismo certificador competente”.
Global GAP afirma que el bienestar social de los trabajadores en las explotaciones agrarias es de gran importancia para ellos. “Las circunstancias [...] entran en el ámbito de lo criminal y no pueden tolerarse de ningún modo”, declaró un portavoz en un correo electrónico a BuzzFeed News.
Las fresas de la marca “Fresón de Palos” se exportan a toda Europa, incluida Alemania. Así lo confirmó una empleada de la cooperativa en una conversación telefónica con BuzzFeed News a principios de marzo de 2018. La empleada también confirmó que la cooperativa trabajaba con el jefe de Kalima, y lo calificó de socio comercial. La cooperativa no respondió a una comunicación por escrito relativa a las acusaciones.
Es probable que las fresas de los campos de Huelva en los que los abusos sexuales a mujeres forman parte del día a día acaben en muchos supermercados de Alemania. Por ejemplo, BuzzFeed News ha encontrado fresas de la cooperativa Santa María de la Rábida, para la que también han trabajado Kalima y Sabiha, en un supermercado Lidl de la región de Nordrhein-Westfalen.
Una portavoz de Lidl remite a Global GAP para posibles comentarios, ya que los productores contaban con la certificación y se sometían a controles regulares. Además, Lidl “asume responsabilidades sociales y ecológicas a lo largo de toda la cadena de abastecimiento”. Así está establecido en los principios de la empresa, cuyo cumplimiento queda garantizado por el correspondiente “Code of Conduct”, al que también deben adherirse los proveedores.
“Nos desvinculamos de todo tipo de violaciones de los derechos humanos y de los trabajadores. Si recibiéramos datos concretos relativos al incumplimiento de estas disposiciones, lo investigaríamos y tomaríamos las medidas necesarias. Desde nuestro punto de vista, las prácticas que ustedes describen constituyen actos de trascendencia penal que deberían ser investigados como tales”, según la portavoz.
En su respuesta Lidl no hace ninguna mención a una posible responsabilidad propia sobre los hechos o a la posibilidad de enfrentarse a ellos de forma activa como empresa.
Kalima ha denunciado a Abdelrahman, pero eso no ha mejorado su vida. Lo mismo les sucede a todas las mujeres a las que BuzzFeed News ha entrevistado en Italia, España y Marruecos. En su último viaje en coche a la plantación, el silencio es absoluto. Kalima lleva gafas de sol a pesar de que ya ha anochecido. Avanzamos sin luces por una carretera de gravilla entre las chimeneas de las fábricas y nos adentramos en el laberinto de callejuelas e hileras infinitas de plástico blanco. Kalima se tapa la cabeza con un jersey oscuro y se esconde entre los asientos. Se baja del coche un poco antes de llegar a su plantación y desaparece en la oscuridad.
Tiene que esconderse como una criminal porque hoy, en el hospital, ha dicho por primera vez en público: “Mi supervisor me viola”. En su informe, la ginecóloga y el médico forense han anotado que la causa de las lesiones de Kalima es la “agresión sexual”. Pero los médicos también le han dicho que sin pruebas, como por ejemplo una muestra de esperma, será difícil llevar a juicio a Abdelrahman.
A la mañana siguiente Kalima huye. Antes de que salga el sol, recoge su ropa, prepara su única maleta y se marcha de la plantación. Presenta una denuncia en la fiscalía acompañada por una abogada. Entra en el edificio envuelta en una tela de color azul intenso, un traje tradicional de las montañas del Atlas. Se dice que las mujeres de esa región son especialmente fuertes y orgullosas. Kalima se protege. Ese día el móvil le suena a menudo. Una, dos, tres, cuatro veces. “Abdelrahman”, dice. Y lo deja sonar.
Justo después de presentar la denuncia, llevan a Kalima a la oficina contra la violencia de género de Huelva. La trabajadora social escucha toda su historia y después pregunta en voz muy alta: “¿Anal? ¿Anal?”. Kalima asiente en silencio. Entonces la trabajadora social acompaña a Kalima abajo, donde le espera un taxi que la llevará a una casa para mujeres. Kalima no habla español y apenas entiende lo que sucede a su alrededor. Se echa a llorar con fuerza y su velo se tiñe de color oscuro por las lágrimas. Entonces toma la mano de la trabajadora social y la besa para darle las gracias, se sube al taxi y desaparece.
Pocas semanas después, Kalima tendrá que declarar ante el tribunal contra su supuesto violador. La abogada de Kalima cuenta a BuzzFeed News por teléfono que Abdelrahman la sigue llamando y amenaza con matarla.
En verano de 2017 Kalima regresa a Marruecos. Allí no tiene nada. Como su trabajo en España era la única fuente de ingresos para toda la familia, ahora dependen de la ayuda de una ONG local, que les proporciona harina y verdura para que no mueran de hambre. El marido de Kalima está enfermo y debe guardar cama, así que no puede contribuir al sustento de la familia.
Ella no les ha contado lo que le ha sucedido en España. Según la información que ha recibido BuzzFeed News, el proceso judicial contra su supuesto violador sigue en marcha. A finales de septiembre de 2017, antiguas compañeras de Kalima aseguraron a BuzzFeed News que Abdelrahman seguía trabajando en la plantación.
"Esto es esclavitud"
Las fresas han traído prosperidad a Palos de la Frontera. Cerca del 80 por ciento de las fresas importadas en Alemania salen de la provincia andaluza de Huelva. Esta región es la mayor productora de fresas de Europa. Bajo un mar blanco de invernaderos de plástico, son sobre todo mujeres las que recogen más de 300.000 toneladas de fresas al año.
Lo que se conoce como “el oro rojo” promete estabilidad financiera y puestos de trabajo. En 2017, España exportó fresas por valor de unos 600 millones de euros, supuestamente la mejor cosecha de los últimos 40 años. Sin embargo la población local no quiere hablar del negocio con los periodistas. Ni las organizaciones empresariales de la zona, como Freshuelva, ni el gobierno andaluz han respondido a las repetidas peticiones de BuzzFeed News.
La demanda de mano de obra barata y no cualificada crece constantemente. Kalima, Sabiha y sus compañeras provienen de regiones en Marruecos donde apenas hay empleo. Para ellas trabajar en España es la forma de salir de la pobreza. Trabajan desde las seis de la mañana hasta la pausa del mediodía, que no suele durar más de media hora, y después normalmente toda la tarde hasta el anochecer. Y no ganan más de 30 euros al día. Cuando el tiempo es demasiado malo para cosechar, no les pagan. A veces les prohíben trabajar como castigo por razones completamente arbitrarias, como por ejemplo haber aplastado frutas. Los agresores se aprovechan de la dependencia financiera de las mujeres.
Las trabajadoras declaran sentirse abandonadas por las instituciones locales, los sindicatos y las organizaciones en defensa de los derechos las mujeres. Estas organizaciones han afirmado en conversaciones con BuzzFeed News que las trabajadoras del campo no sufren acoso, maltrato ni violaciones. Los intentos repetidos de tratar la cuestión con la Cruz Roja local, Cáritas o la organización por los derechos de las mujeres Huelva Acoge, así como Mujeres en Zona de Conflicto, han sido en vano.
En conversaciones particulares, representantes de Cáritas y de Cruz Roja prometieron a BuzzFeed News conceder entrevistas sobre la situación de las trabajadoras del campo o incluso visitar las plantaciones, pero las citas se pospusieron una y otra vez. BuzzFeed News tampoco obtuvo respuesta a las preguntas por escrito sobre si las organizaciones conocían casos de abusos. Una portavoz de la organización por los derechos de las mujeres Huelva Acoge afirmó en una entrevista con BuzzFedd News que visitaba regularmente las casas donde se alojaban las trabajadoras y que todo estaba en regla. No había oído hablar de abusos de ningún tipo. Las mujeres con las que ha hablado BuzzFeed News aseguran que no han recibido visitas de las ONG en las plantaciones, o que las organizaciones solo han estado allí en presencia de su jefe.
La organización Mujeres en Zona de Conflicto, que ha realizado un estudio propio acerca de los abusos a trabajadoras del campo, tras unas primeras declaraciones de pronto no quiso volver a hablar sobre el tema con BuzzFeed News. Al intentar abordar a una empleada en su oficina, esta se enfureció y echó a la periodista.
El único sindicato que hace declaraciones sobre el tema a BuzzFeed News es el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT). En Huelva este sindicato solo tiene dos representantes, José Antonio Brazo Regalado y si esposa. Mientras Regalado conduce entre las hileras de invernaderos, nos explica por qué cree él que el acoso sexual es una cuestión tabú en Huelva.
“Una trabajadora se acercó a mi llorando porque su jefe había abusado de ella”, dice. “Sientes una gran impotencia. Aquella mujer no podía hacer nada. Es imposible”. SAT es un sindicato pequeño que tampoco puede ayudar a las afectadas, dice Regalado, porque la organización depende de que las mujeres informen de los abusos a las autoridades. Pero muchas mujeres tienen demasiado miedo, un círculo vicioso.
“En las explotaciones agrícolas de Huelva se producen los abusos más graves de toda Andalucía, esto es esclavitud”, declara. “Las autoridades, la policía, la inspección de trabajo, todos miran hacia otro lado”. Su sindicato no puede visitar a las trabajadoras en los campos. Los agricultores se enteran enseguida de que alguien ha entrado en su terreno.
Cuando Regalado intenta visitar con BuzzFeed News una de las casas de Palos de la Frontera, en menos de cinco minutos aparece un coche a toda velocidad por el camino de tierra. Un agricultor furioso baja del vehículo y amenaza a Regalado con llamar a la policía por haber accedido a la finca sin permiso. Regalado intenta hablar con él, pero el hombre cada vez está más enfadado, sigue a BuzzFeed News y al sindicalista hasta el coche, amenaza con pegar a Regalado, llama a la policía y cierra el paso al vehículo. Cuando las periodistas consiguen salir de allí y huir, el agricultor persigue al grupo con el coche durante un buen trecho hasta que lo dejan atrás.
Regalado lo intenta ese mismo día en tres plantaciones más, pero las mujeres parecen atemorizadas y repiten una y otra vez: “Todo bien, todo bien”. Sin embargo las habitaciones están completamente abarrotadas, en cada una hay seis o más mujeres, en algunas de las casas no hay cocina, hay moho en las paredes y un intenso olor a pesticidas y emisiones de la planta química cercana. Un agricultor habla con Regalado y reconoce que él mismo tiene miedo. Sabe que hay violencia y abusos. Cuando BuzzFeed News le pregunta por qué no aborda a sus compañeros al respecto o presenta una denuncia, el hombre dice: “Cada uno se ocupa de sus propios asuntos”.
Pero allí nadie parece ocuparse de las mujeres. Para ellas es casi imposible acudir a la policía o a la justicia porque no hablan español y es difícil demostrar los abusos ante un tribunal. Cuando se le pregunta por investigaciones en curso o estadísticas sobre violencia sexual y abusos, un agente de policía de Palos de la Frontera responde: “Los abusos sexuales no son cosa de los españoles”.
La consecuencia es que muy pocos casos logran llegar al juzgado. En abril de 2014, la Audiencia Provincial de Huelva condenó a Martín, Carlos Ramón y Ambrosio por “atentado contra la integridad moral y acoso sexual”. Los documentos judiciales no contienen los apellidos de los culpables. Sus víctimas fueron mujeres marroquíes que trabajaron para Martín en 2009.
“Perras, os vamos a mandar de vuelta a Marruecos. Para que os muráis de hambre”. Así humillaban Martín, Carlos Ramón y Ambrosio a las trabajadores, según la sentencia. Obligaban a las mujeres a orinar en los campos y las agredían físicamente. A una de las trabajadoras, Inmaculada, la golpearon en las piernas con una barra de hierro. Los hombres les exigían “favores sexuales” si no querían perder su trabajo.
Elevado índice de abortos
Hay otro indicador que da cuenta de lo generalizados que son los abusos: el índice de abortos en Palos de la Frontera es muy alto, y la mayoría de las mujeres que se somete al procedimiento son trabajadoras inmigrantes.
Josefa Mora Gómez es trabajadora social en el centro público de salud de la localidad y debe autorizar todas las solicitudes de aborto. “Durante la cosecha, cuando llegan las trabajadoras inmigrantes, se produce un aumento de los abortos, y la mayoría de las solicitudes son de mujeres marroquíes, rumanas y búlgaras”. Según Gómez, en Palos y en la localidad vecina de Moguer, en 2016 se realizaron 185 abortos, de los cuales el 90 por ciento fueron solicitados por trabajadoras inmigrantes. Ella sospecha que muchos de los abortos se deben a violaciones.
En Italia se observa un patrón similar: la revista italiana L'Espresso escribió en verano de 2017 que el índice de abortos en la ciudad de Vittoria, situada en una importante zona de cultivo de tomate, es mucho mayor que el de las ciudades similares de otras regiones de Italia. Y es posible que las cifras oficiales no sean más que la punta del iceberg. Las estadísticas no tienen en cuenta a las mujeres que abortan de forma ilegal o en sus países de origen.
En Italia, la explotación de los jornaleros constituye un negocio para organizaciones criminales como la Mafia. Los intermediarios ilegales (conocidos como caporali) consiguen mano de obra barata para las empresas, controlan a los trabajadores y se embolsan el dinero para la comida, así como el transporte y el alojamiento.
En Apulia, unas 40.000 italianas y unas 18.000 trabajadoras inmigrantes son explotadas en la agricultura. Así lo indica el sindicato italiano FLAI-CGIL. Italia es el segundo proveedor mundial de productos del tomate, y en los últimos años ha exportado más de 5 millones de toneladas de tomates, principalmente a Alemania, Reino Unido, Francia, Japón y Rusia.
"En los campos no hay solidaridad ni testigos".
Las mujeres trabajan 12 horas al día, ganan entre 25 y 30 euros, y reciben menos dinero que los hombres por el mismo trabajo. Muchas de ellas sufren además discriminación y acoso sexual. “Sabemos que cinco de cada diez patrones de nuestra región acosas a sus trabajadoras en el campo”, dice Rosaria Capozzi, antigua directora del “Progetto Aquilone”, que ayuda a las mujeres que han sufrido violencia.
Entre 2016 y 2017, BuzzFeed New ha hablado con 40 jornaleras afectadas en Silicia y Apulia. Todas ellas confirmaron que el acoso sexual y las violaciones por parte de los supervisores son un problema generalizado, pero que difícilmente puede demostrarse ante un tribunal. Dos de las mujeres con las que habló BuzzFeed News habían denunciado sus violaciones a la policía. Trabajadoras sociales apoyaron sus testimonios. Y a pesar de todo sus superiores no fueron llevados a juicio.
En noviembre de 2016 entró en vigor en Italia una nueva ley contra la explotación de la mano de obra en la agricultura. Esta ley castiga a los empleadores que reclutan a trabajadoras a través de agencias ilegales, los explotan, los intimidan, los amenazan o ejercen violencia sobre ellos. Sin embargo, el núcleo del problema sigue siendo el mismo: la falta de pruebas. “Es casi imposible denunciar los abusos antes las autoridades. A las trabajadoras no se las cree tan fácilmente, y sobre todo es imposible reunir pruebas suficientes para un proceso judicial”, explica Emanuele Bellassai, una trabajadora social italiana que ya ha declarado ante la policía en varios casos de mujeres rumanas maltratadas.
“No creo que esta ley sirva de mucho”, dice Davide, que ya no trabaja en el campo desde que sufrió un accidente hace dos años. Su esposa sigue trabajando en los campos de tomate y es ahora el sustento principal de la familia. “Si quieres denunciar abusos sexuales o una violación, tienes que probarlo”.
“Pero en los campos no hay solidaridad ni testigos”.
En Marruecos, los abusos sexuales a las jornaleras son un problema tan grande como en España. Con una diferencia: las mujeres como Latifah quieren hablar.
“Se dirigen a ti como si fueras un animal”, cuenta Latifah. Está en el asiento trasero de un coche, las ventanas están cerradas, hace un calor pegajoso. Junto a ella está sentada una compañera de trabajo con un niño pequeño en el regazo.
“¿Los hombres buscan sexo con vosotras?”
“Sí”.
“¿Te ha pasado a ti directamente? ¿Alguien te ha acosado o ha intentado acostarse contigo?”
“Sí, muchas veces”.
“¿Quién?”
“El supervisor, el jefe... son todos iguales”.
“Es chantaje”, dice la compañera de Latifah.
Latifah tiene 25 años, las periodistas han quedado con ella en una carretera del sur de Marruecos, en la región de Sus-Masa. Aquí los abusos sexuales a las jornaleras son un problema tan grande como en España. Con una diferencia: las mujeres como Latifah quieren hablar.
BuzzFeed News ha hablado con una docena de mujeres de la región de Sus-Masa que afirman haber sufrido acoso sexual o violaciones, o que han presenciado abusos a compañeras. El acoso también es noticia en los medios locales y redes sociales.
Ningún otro lugar de Marruecos cuenta con semejante densidad de invernaderos como Sus-Masa, sobre todo en torno a la localidad de Ait Aimera. Cuando las periodistas intentan entablar conversación con jornaleras en el mercado de los viernes, un policía las sigue por el recinto y observa atentamente con quién hablan. Solo pueden conversar con ellas confidencialmente en su propio coche, como hacen con Latifah. O en sus casas.
Tras un abrasador día de mediados de mayo de 2017, el ocaso sume en la oscuridad esta casa de ladrillo sin ventanas en Ait Aimera. Cuatro jornaleras se han reunido a tomar té y dulces. Todas ellas han trabajado en los campos de los alrededores. Mojan las tortas de pan en miel dorada y espesa mientras hablan de lo que les sucedió allí.
“En 2016 trabajé durante tres meses en los invernaderos de tomates con un supervisor llamado Brahim”, cuenta Asmaa, la más joven de todas. Como Asmaa tiene miedo del estigma social y de que Brahim se vengue de ella, le hemos cambiado el nombre. Asmaa es estudiante y trabaja en las plantaciones durante las vacaciones o los fines de semana. Perdió a sus padres en un accidente, así que depende de sus propios ingresos. Con ellos financia sus estudios y cuida de sus dos hermanos pequeños. Una situación de la que Brahim se aprovechó.
“Intentó abusar de mí muchas veces”, dice Asmaa. “Me separaba de las demás en el trabajo e intentaba tocarme”.
La empresa para la que trabajaba entonces es una de las mayores del sector y vende sobre todo tomates, principalmente al Reino Unido. Las carreteras de la región de Sus-Masa están flanqueadas por enormes carteles en los que la empresa anuncia su nueva variedad de tomates: más sana, más resistente y más jugosa. En los campos, las mujeres como Asmaa los recogen por el equivalente a unos 6 euros al día.
Marruecos pretende convertirse en un competidor en el mercado europeo de alimentos, y casi un 40 por ciento de los marroquíes trabaja en la agricultura. Los tomates cherry de Sus-Masa se venden en muchos supermercados alemanes. Seguramente muchos de esos tomates los han recogido mujeres que sufren acoso y abusos en el trabajo.
El maltrato está muy extendido en la agricultura marroquí. En el norte del país, donde principalmente se cultivan fresas, la organización por los derechos humanos Mains Solidaires recogió hace algunos años casi 2000 violaciones de la legislación laboral marroquí, entre ellas más de 100 casos de insultos y castigos injustificados, y dos violaciones. La organización Shaml entrevistó a trabajadores del campo para documentar un total de 855 casos de violencia sexual, desde acoso hasta violaciones.
En cambio Femmes du Sud, la única organización por los derechos de la mujer en Sus-Masa, no se mostró dispuesta a hablar con BuzzFeed News. Según una empleada, la mayoría de mujeres que piden ayuda son jornaleras. Esta empleada no quiso dar su nombre por miedo a que la despidieran.
“Cuando las chicas iban al lavabo, las seguía, hacía un agujero y las grababa”.
“Lo primero que hace es tocarte la mano”, explica Asmaa. Su supervisor le encomendaba a propósito tareas para las que tenía que agacharse a menudo para poder azotarle las nalgas. “Me di cuenta de que seguía a las chicas cuando iban al lavabo”, cuenta. “Hacía un agujero y las grababa”.
Asmaa puso un cubo delante del agujero y se defendió de las intrusiones constantes. Eso provocó la agresividad de su superior, que en una ocasión en que ella sufrió un ataque de asma, tardó varias horas en llamar a la ambulancia. Poco después Asmaa dejó el trabajo. Ahora por las mañanas se coloca junto con otras decenas de mujeres en el mawkaf de Ait Aimera. En ese punto de reunión, las trabajadoras esperan de madrugada a los pequeños agricultores que seleccionan a sus jornaleras para ese día. Se suben a camiones y se cubren los rostros con un velo tradicional que las protege del calor y del polvo.
Sindicatos como la Unión Marroquí de Trabajadores (UMT) se defienden contra los salarios bajos y las condiciones de trabajo peligrosas. “Hace 10 años no había seguridad social, ni protección, ni servicios de salud para los trabajadores”, dice Houcine Boulbourj, secretario regional de la UMT. En los últimos años este sindicato ha comenzado a centrarse poco a poco en las mujeres. En la lista pendiente de Boulbourj están el permiso de maternidad, la igualdad salarial y un mayor número de jefas. La lógica indica que con más mujeres en puestos altos, los casos de acoso sexual se reducirían.
“Exigimos tribunales y autoridades independientes y apartidistas para nuestra región, porque vemos que en caso de conflicto las autoridades suelen tomar partido por el empresario y no por la mujer”, explica Abdallah Mahmaoui, de la asociación marroquí por los derechos humanos, que también colabora con el sindicato UMT. “Las mujeres no se atreven a reclamar sus derechos porque saben que las tratarán injustamente”.
Denunció al hombre ante la policía, pero no fue condenado
Menna vive con su hijo, su hija y su marido en lo que se conoce como un duar en Ait Aimera. Un barrio empobrecido habitado principalmente por jornaleros. La gente vive en sencillas casas de cemento, la mayoría de ellas sin ventanas. El sol se acerca al horizonte, las gallinas revolotean por los caminos polvorientos. Los camiones cargados con mujeres regresan de los campos.
Como su marido le ha prohibido hablar con periodistas, se le ha cambiado el nombre. “Trabajé en una plantación en la que sufrí acoso sexual por parte de un empleado del sindicato”, cuenta. Menna habla despacio mientras recuerda los abusos. Su hijo adolescente observa atentamente la escena escondido detrás de una cortina.
“Me agarró por detrás e intentó llevarme hacia el baño”, dice. “Me defendí y le di un empujón, entonces me atacó de nuevo”. Finalmente Menna apuñaló a su atacante en la espalda con una tijera de podar y huyó al despacho del jefe. Denunció al hombre ante la policía, pero no fue condenado. Otros sindicalistas de la empresa declararon a su favor. Ahora ya es imposible demostrar lo que sucedió.
De pronto se calla. Suena el teléfono, es su marido. Alertado por el hijo, le pide que deje de hablar. Amenaza con llamar a la policía si BuzzFeed News no borra inmediatamente la grabación de la entrevista. El hijo controla que las grabaciones desaparezcan realmente de la cámara. No se ha dado cuenta de que la primera parte de la conversación está grabada en otra tarjeta de memoria. De pronto el hijo comienza a hacer fotos de las periodistas con su móvil y dice que su padre llegará enseguida. La única opción es recoger a toda velocidad y marcharse de allí.
Fuera está oscuro como la boca del lobo. Las periodistas se suben al coche, se guardan la tarjeta de memoria con la entrevista de Menna en el sujetador y pisan el acelerador. El coche vuela por la carretera, los campos pasan a gran velocidad. Por la luna trasera se ve cómo Ait Aimera desaparece en la oscuridad.
Colaboración: Faten Akhatou Bouchkaren
ACTUALIZACIÓN
Global GAP ha explicado a BuzzFeed News en un correo electrónico del 3 de mayo que el papel de la empresa se limita a establecer los estándares y las pautas de la certificación. El control de su cumplimiento lo llevan a cabo organismos de certificación acreditados e independientes. “Estos organismos son responsables de la emisión de los certificados. La etiqueta 'safe and sustainable' se refiere a los productos y no a sus productores”, declara su portavoz.
Según se indica en el certificado, el organismo responsable de la cadena de abastecimiento investigada en el caso de Kalima es una empresa española llamada Agrocolor S.L. Varios días antes de la publicación del reportaje, BuzzFeed News ofreció por escrito a Agrocolor S.L. la posibilidad de hacer comentarios. A día de hoy la empresa no ha dado ninguna respuesta.
En su correo electrónico, Global GAP también señala que el certificado que posee el grupo de productores del caso de Kalima se refiere fundamentalmente a una producción agrícola sostenible. Para evaluar la seguridad laboral, la protección de la salud y las necesidades sociales de los trabajadores existe la categoría “Global G.A.P Risk Assessment on Social Practice”, que sin embargo no es un certificado sino un análisis de riesgos.
BuzzFeed News ha preguntado a Global GAP en qué medida se tienen en cuenta para este análisis la discriminación de género y la protección contra la violencia sexual. Añadiremos aquí la respuesta que recibamos.
Global GAP ha solicitado conocer la identidad de Kalima para investigar los hechos. Por razones de protección a las fuentes, no podemos cumplir con su petición. BuzzFeed News garantizó el anonimato a la mujer.
BuzzFeed News ha señalado en numerosos mensajes a Global GAP que no se trata de casos aislados. Hasta el momento Global GAP no ha respondido a las preguntas sobre cómo se aborda el problema generalizado de la violencia sexual en la producción de fresas.
Este artículo ha sido traducido del alemán.