Esta semana, tras el hallazgo del joven Marco Antonio Sánchez Flores, de 17 años, algunos medios de comunicación publicaron información sobre su vida e incluso se burlaron con titulares como "No andaba muerto, andaba de parranda".
A raíz de la publicación de imágenes del joven, hubo personas que comenzaron a calificar al joven como adicto a las drogas y lo culparon de su propia desaparición debido a la divulgación de imágenes suyas que debían estar bajo resguardo de las autoridades. Sin embargo, no es la primera vez que una víctima es atacada y responsabiliza de su propia situación.
"Ya es una práctica cada vez más habitual, las instituciones del Estado, cuando hay una víctima, se centran en desacreditar a la víctima, en criminalizarla y en discriminarla", dijo a BuzzFeed News México Marco Lara Klahr, especialista en derechos humanos y justicia penal.
"Ellos echan a andar una maquinaria de comunicación política basada en la desinformación", aseguró, "son estrategias de manejo de crisis y están concebidas para desacreditar a las víctimas, para trasladarles a ellas la responsabilidad deshaciéndose las instituciones del Estado de su responsabilidad".
Empleados de la Procuraduría capitalina se han visto involucrados en filtraciones de información sensible sobre víctimas en al menos otros tres casos. Esta es la historia.
Funcionaria reveló información sensible del caso Narvarte
El 1 de agosto de 2015, la capital amaneció con la noticia de cuatro asesinatos en la colonia Narvarte. Las víctimas eran Mile Virginia Martín, una modelo colombiana de 31 años; Yesenia Atziry Quiroz Alfaro, una estudiante de cultura de belleza que tenía 18 años de edad; Olivia Alejandra Negrete Avilés, trabajadora doméstica de 40 años; Nadia Dominique Vera Pérez, defensora de derechos humanos y activista en Veracruz, y Rubén Manuel Espinosa Becerril, un fotoperiodista que recibió amenazas del Gobierno veracruzano.
Un mes después del crimen, algunos diarios comenzaron a publicar una versión sobre un supuesto tema de drogas. El periódico La Razón, por ejemplo, reconoció que tuvo acceso al archivo de la investigación que se encuentra en la Fiscalía de Homicidios.
#Las8Columnas #Diario_La_Razon: A departamento de Narvarte iban a arreglar un asunto de drogas
La dependencia, encabezada en aquel entonces por Rodolfo Ríos Garza, fue objeto de críticas por las constantes filtraciones que apuntaban a señalar aspectos de la vida personal de las víctimas.
Las filtraciones apuntaban a que las víctimas estaban relacionadas con el consumo y tráfico de drogas. Al respecto, la Comisión de los Derechos Humanos de la capital dijo que dichas filtraciones "estuvieron enfocadas a responsabilizar a las víctimas" de su propia muerte.
Asimismo, la Comisión acusó que la Procuraduría propició que se generara un indebido manejo de la información en los medios de comunicación, en los que se "criminalizó, estigmatizó y etiquetó a las víctimas".
En ese momento, la encargada de tener contacto con los medios era la entonces directora de Comunicación Social de la Procuraduría, Elena Cárdenas Rodríguez.
La participación de la vocera Elena Cárdenas Rodríguez en las filtraciones no se ha comprobado, pero una historia sucedida en una escuela ubicada en el centro de la capital arroja luz sobre el tema.
Mientras se desarrollaba la investigación del caso, Cárdenas Rodríguez estudiaba los sábados en la mañana una maestría en periodismo político en la Escuela Carlos Septién García.
De acuerdo con una persona que cursó la maestría con la exfuncionaria, en el aula Cárdenas Rodríguez dio detalles de la investigación del caso Narvarte en al menos dos clases frente a sus compañeros.
"En más de una ocasión, Elena dio a conocer información del expediente ante el grupo", dijo a BuzzFeed News México una fuente que prefirió el anonimato.
"A nosotros nos adelantó que Rubén (Espinosa) había dado positivo en pruebas de cocaína y marihuana y luego hizo un comentario como 'pues santos no eran, más bien drogadictos'", agregó la fuente. "Ella sabía que estaba con reporteros".
La fuente también consideró que la entonces directora de Comunicación Social de la Procuraduría no debió hablar de un expediente que se suponía que no debía ser público y que tampoco debió criminalizar a las víctimas.
La Comisión de los Derechos Humanos de la CDMX destacó que la Procuraduría omitió resguardar la información contenida en la investigación, así como datos de las víctimas mediante los que "se les discriminó, estigmatizó, estereotipó y criminalizó".
El organismo también determinó que las filtraciones de la Procuraduría violaron la integridad personal de las víctimas y vulneraron sus derechos a la memoria de las personas fallecidas.
Un funcionario de la Fiscalía de Homicidios fue llevado ante un juez por su presunta participación en las filtraciones, pero la CDH ha dicho que la Procuraduría no ha investigado la participación de otros servidores públicos en este hecho.
Además, la Contraloría Interna de la PGJ determinó no investigar una queja relacionada con el deficiente resguardo del expediente bajo el argumento de que esto podría generar más filtraciones al permitir que más personas tuvieran acceso a los documentos.
Las organizaciones civiles que acompañan a los familiares de las víctimas han sostenido que el crimen estaba relacionado con el activismo de Nadia Vera y con el trabajo periodístico de Rubén Espinosa.
Una filtración a TV Notas que no ha tenido consecuencias
La tarde del domingo 13 de noviembre de 2016, dos sujetos ingresaron ilegalmente a las oficinas del sitio Aristegui Noticias, ubicadas al sur de la Ciudad de México. Mediante herramientas metálicas, destruyeron una puerta de cristal para ingresar y robaron una computadora, un reloj, un saco y una caja de herramientas.
La computadora pertenecía a la unidad de investigación del sitio y fue el objeto de mayor valor que se robaron pese a que en dichas oficinas había cosas como pantallas, televisores, computadoras y un set de televisión.
Antes de las oficinas de Aristegui Noticias se encuentran otros dos pisos, pero los sujetos no ingresaron ahí para robar nada y se presume que participaron más cómplices.
Luego del allanamiento, el equipo de la periodista Carmen Aristegui presentó una denuncia ante la Fiscalía Desconcentrada de Álvaro Obregón de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México.
"Este medio, Aristegui Noticias, desde el primer día tomó la decisión de no divulgar el tema del allanamiento y robo para no afectar la secrecía de las investigaciones y evitar que el trabajo de la procuraduría capitalina se viera afectado o entorpecido y no poner en riesgo la indagatoria y sus resultados", dijo la periodista semanas después del allanamiento.
Pero la Procuraduría no resguardó correctamente la investigación y una semana después del allanamiento fueron entregados múltiples documentos a medios de comunicación del Grupo Notmusa: Tv Notas, una revista de chismes de la farándula; Récord, un diario deportivo, y Pásala, un periódico cuyo contenido principal son mujeres semidesnudas, notas policiacas y titulares en doble sentido.
Les digo que si me entere en el tv notas lo de Carmen Arístegui.
"La carpeta de investigación bajo resguardo de la Fiscalía fue filtrada", comentó Aristegui, "literalmente entregaron todo lo que les dimos".
TV Notas incluyó en su edición documentos de la empresa, nombres de familiares de la periodista e incluso puso en una infografía el contenido de la carpeta de investigación que se supone que debía resguardar la Procuraduría de la Ciudad de México.
Allanamiento a Aristegui Noticias. Y de repente, datos del expediente, custodiados por la fiscalía, ya estaban divu… https://t.co/vnuUrjPPsJ
Un día después de la publicación, y ya violada la secrecía de la investigación, Aristegui divulgó las imágenes del allanamiento que fueron aportadas como pruebas ante la Fiscalía.
"Una vez que rompieron la cadena de custodia y secrecía obligada en una investigación, no tuvimos más remedio que dar el paso y nosotros mostrar los videos que también entregamos a la Procuraduría. ¿Por qué? Porque si no lo hubiéramos hecho, al igual que mostraron la carpeta de investigación, pues al rato saldría nuestro video en cualquier programa de espectáculos o en cualquier lado", lamentó la periodista.
Carmen Aristegui dijo que la Procuraduría se comprometió a iniciar una investigación contra los responsables de filtrar el expediente. No obstante, ha pasado más de un año y su equipo no ha recibido información sobre alguna sanción a los autores de la filtración.
Cuatro tuits para desprestigiar a Lesvy Osorio
El 3 de mayo de 2017, la joven Lesvy Osorio fue encontrada sin vida, aparentemente asfixiada, junto a una cabina telefónica cerca de la Facultad de Ingeniería, en la Ciudad Universitaria de la UNAM.
Al día siguiente, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México publicó cuatro tuits que daban detalles sobre la vida de la joven pero nada sobre el responsable de su muerte.
"Hay una desacreditación sistemática: en el caso de Lesvy Osorio lo que se hizo fue, a través de cuatro posts vía Twitter, desacreditarla poniéndola como fósil de la universidad, como mala hija, como promiscua, como alcohólica y drogadicta. La misma estrategia de comunicación política articulada", comentó Marco Lara Klahr.
A raíz de los tuits de la Procuraduría, las mujeres mexicanas crearon el hashtag #simematan para enumerar qué cosas sobre su vida personal podrían divulgar las autoridades para desprestigiarlas como víctimas.
Como consecuencia de esto, Elena Cárdenas Rodríguez presentó su renuncia a Miguel Ángel Mancera como directora de Comunicación Social de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.
Mancera prometió que habría consecuencias para los responsables de los tuits sobre Lesvy Osorio. No obstante, dos fuentes dijeron que Cárdenas Rodríguez continuó operando por un tiempo dentro de la Procuraduría después de su renuncia.
Este medio intentó sin éxito buscar la versión de Cárdenas Rodríguez, pero no se logró concretar una cita y ella rechazó responder preguntas por mensaje o llamada telefónica. La Procuraduría capitalina tampoco dio respuesta a una solicitud de información.