Edith Durán siempre quiso venir a los Estados Unidos. A los diecisiete años, obtuvo una visa de turista y emprendió el viaje desde Zacapa, su poblado natal, en Guatemala, hasta la ciudad de Nueva York. Le emocionaba conocer aquellas cosas que solo había visto en las películas, como el World Trade Center y la nieve.

    Luego de arribar a los Estados Unidos en 2002, decidió empezar una nueva vida. Se unió a una iglesia, donde conoció a quien sería su esposo: se casaron justo antes de cumplir diecinueve años. Consiguieron empleos –ella limpiando casas, y él como trabajador de la construcción– y en 2009 nació su hijo, Alejandro. Habitaban una modesta casa en Long Island.

    Pero a su vida le faltaba una última pieza: ella quería vivir legalmente en el país.

    Una prima le recomendó a un abogado. “Los migrantes constantemente averiguamos si ha habido cambios recientes a la ley que nos permitan obtener nuestros papeles migratorios de forma legal”, declaró Durán, que ahora tiene 33 años, a BuzzFeed News.

    En febrero de 2014, Durán conoció a Leonard Hecht. Documentos de la corte muestran que él le habló de la “Ley de los 10 años”, también llamada 10-year law. Hecht le explicó que se trataba de un camino legal para obtener una green card, o permiso de residencia permanente. Acto seguido, le formuló una serie de preguntas: ¿Llevaba al menos 10 años ininterrumpidos en los Estados Unidos? Sí. ¿Tenía al menos un hijo nacido en Estados Unidos? Sí. Entonces podía solicitar la residencia permanente y legal.

    Con lágrimas de felicidad en los ojos, le relató la noticia a su marido. Esa misma noche se desvelaron juntando los recibos y declaraciones de impuestos de los últimos diez años. Durán ya imaginaba un futuro en el que volvía a la universidad y estudiaba para ser doctora, incluso si eso significaba que se graduaría hasta cumplir cuarenta o cincuenta años.

    Durante los siguientes cuatro años, Hecht y Durán colaboraron juntos. Él le ayudó a obtener un permiso temporal de trabajo, una cita para que le tomaran las huellas dactilares, una entrevista con un oficial de inmigración en las oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), y finalmente una audiencia en la corte migratoria.

    Acudió a su última audiencia en junio de 2018. Su objetivo era conseguir la green card.

    Estaba nerviosa y emocionada. Dice que se sentía como un ratoncito a punto de entrar a la boca del lobo.

    El juez le hizo una serie de preguntas. Ella las respondió con toda honestidad.

    Durán pensó que en muy poco tiempo por fin podría construir una vida para su hijo sin temer que su estado migratorio descarrilara sus sueños.

    Finalmente llegó la hora en que el juez anunciaría su dictamen oral. Alzó la voz.

    Durán debía ser deportada, ordenó el juez.


    Edith Durán dijo BuzzFeed News que ella fue víctima de un tipo de fraude muy común. Este engaño se aprovecha, con gran eficacia, de los miedos y esperanzas de los inmigrantes indocumentados más vulnerables. A esto se le llama fraude “La Ley de los 10 años”. Se trata de una promesa falsa que dicta que si alguien ha vivido de forma ilegal en los Estados Unidos por una década, esa persona tiene derecho a pedir un permiso de residencia permanente.

    Durán le hizo seis pagos a su abogado, por un total de 7,500 dólares. Parte de ese dinero provino de los recursos que ella y su esposo habían ahorrado para emergencias e imprevistos médicos. Se trata de una suma considerable para una familia de tres que sobrevive con 2,000 dólares al mes.

    Sin embargo, de acuerdo con una demanda civil interpuesta recientemente ante un tribunal federal, lo que su abogado hacía en realidad era darle largas, drenar sus finanzas, y engañarla para que saliera de entre las sombras y declarara su presencia en Estados Unidos a agentes de gobierno, los mismos que la mayoría de los inmigrantes indocumentados han evitado a toda costa. Sus abogados, el señor Leonard Hecht, y su padre, Thomas T. Hecht, trabajan en un despacho de abogados fundado por Thomas en 1971.

    De acuerdo con la demanda, el principal engaño radica en que los Hecht presentaron su estrategia como si ésta estuviera fundamentada en la Ley de los 10 años; es decir, la describieron como una suerte de programa al que se puede “aplicar” y no como una arriesgadísima estrategia legal a la que se recurre cuando un tribunal está por deportar a una persona. Los Hecht argumentaron que las políticas migratorias del presidente Donald Trump dificultan aun más esta maniobra.

    Una de las abogadas que defiende a los Hecht en esta demanda, Catherina M. Foti, del despacho Morvillo Abramowitz Grand Iason & Anello P.C., declaró a BuzzFeed News que, entre 2006 y hoy, los Hecht “obtuvieron con éxito más de 500 permisos de residencia y trabajo para clientes indocumentados”. Se ha interpuesto una petición para que el tribunal declare la demanda improcedente, pero la decisión del juez sigue pendiente.

    Durán describe el momento de la decisión del juez de la siguiente manera: “Sentí cómo mis sueños se rompían en pedazos”. Añade que: “Fue muy difícil estar sentada ahí y escuchar esas palabras”.

    Lam Thuy Vo/BuzzFeed News

    Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), oficina de Nueva York.

    El Departamento de Justicia ha publicado avisos en los que advierte de distintos fraudes y engaños; por ejemplo, hay quienes se hacen pasar por oficiales de inmigración por teléfono, o quienes se roban los reembolsos de los trámites en lugar de devolvérselos al solicitante, o quienes cobran por los formatos migratorios gratuitos. Esos son algunos de los múltiples obstáculos que enfrentan los inmigrantes indocumentados –quienes mediante su esfuerzo han logrado integrarse a la sociedad y ahora anhelan certeza migratoria– para cumplir su sueño de vivir en los Estados Unidos.

    Que haya personas sin escrúpulos que se aprovechan de los inmigrantes no es una novedad. Pero el actual clima político empeora la situación.

    A pesar de que la mayor parte de los fraudes se divulga de boca en boca, el internet ha facilitado su difusión y ha incrementado el número de posibles víctimas.

    Las políticas del gobierno actual tampoco ayudan. Durante la administración del presidente Barack Obama, los inmigrantes indocumentados sufrieron varias olas de deportaciones dirigidas a aquellos con antecedentes penales. Luego vino Trump. Su gobierno ha iniciado una virulenta campaña anti-inmigrantes. Además de retratarlos como subhumanos, ha aplicado tácticas de mano dura como emitir una orden para impedir la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de países de mayoría musulmana, separar a los niños migrantes de sus familias en la frontera sur, o fijar un límite máximo al número de refugiados que huyen de sus países porque temen por sus vidas. También ha buscado sancionar a los solicitantes de green cards que dependan de programas de asistencia social, incluyendo los cupones de alimentos.

    Los expertos creen que las políticas de mano dura de Donald Trump desalientan a las víctimas de fraudes migratorios: dado que le temen al gobierno, no denuncian a sus victimarios. “[Su temor] sirve como un gran incentivo para los estafadores”, dice Juan Pedroza, un profesor de sociología en UC Santa Cruz que ha dedicado varios años a estudiar los fraudes que afectan a la comunidad migrante.

    Dado que las personas tienen miedo de reportar los fraudes, resulta muy difícil determinar qué tan comunes son. Existen, sin embargo, algunos datos.

    Las políticas de Trump perpetúan un círculo vicioso: conforme las políticas migratorias se vuelven más restrictivas y punitivas, muchos inmigrantes indocumentados sienten mayor presión por conseguir un abogado. “Cuando aumenta el miedo, también aumenta el interés por arreglar el estado migratorio”, declaró Anne Schaufele, ex abogada de Ayuda, una organización que ofrece asesoría legal y otros servicios a grupos migrantes vulnerables.

    A fin de determinar qué tan necesarios son los servicios legales entre migrantes, Pedroza sugiere echar un vistazo a las búsquedas de Google.

    A continuación aparece una tabla que muestra el aumento y disminución en el número de personas que buscan en Google términos migratorios como “permiso de trabajo” (work permit), “abogado migratorio” (immigration lawyer) y “notario” (notary) a lo largo de un periodo de tiempo. (En inglés, un “notary” es la persona que tiene licencia para fungir como testigo de un evento. En español, un “notario público” es un profesional legalmente capacitado. Esta confusión ha generado, a su vez, un fraude específico.) Aquí se observa que las búsquedas de ciertos términos se disparan justo en momentos de cambios drásticos a la política migratoria.

    Lam Thuy Vo / BuzzFeed News

    Nota: La cifra refleja un puntaje en una escala de 100 puntos. Esta cifra permite entender qué tan común es que la gente busque un término en Google. El puntaje lo determina Google con base en número de búsquedas, ubicación geográfica y un periodo de tiempo. El puntaje que resulta de la comparación entre un término y otro lo determina Google.
    Fuente: Google Trends

    Schaufele también explicó que los fraudes que buscan engañar a los migrantes no sólo se han diversificado en años recientes, sino que evolucionan a la par de los cambios en la ley migratoria. El número de llamadas que recibió Ayuda de parte de personas solicitando asistencia legal se cuadruplicó entre enero y marzo de 2018.

    Los fraudes están hechos a la medida, e incluyen aquellas palabras que los migrantes buscan en internet. Entre enero de 2012 y mayo de 2018, la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) recibió 6,330 quejas de parte de consumidores que reportaron servicios migratorios fraudulentos; es decir, alrededor de mil quejas por año. Pero debido que los datos son autorreportados, lo más probable es que representen una fracción minúscula del total de fraudes.

    BuzzFeed News examinó los comentarios que acompañan cada queja levantada ante la FTC en el rubro de “servicios migratorios” entre 2006 y 2018, y calculó el número de veces que cada palabra aparece. A continuación aparecen las palabras que aparecieron en al menos 750 comentarios distintos, en la totalidad de las quejas:

    Lam Thuy Vo / BuzzFeed News

    Note: La lista no incluye ciertos sustantivos, conjunciones ni artículos comunes en el inglés como “the”, “you”, y “and”. La FTC impidió acceso a los comentarios de los datos de la querella entre julio 2015 y diciembre 2017. Por lo tanto, este análisis se basa en comentarios que van de 2006 a julio de 2015, y de enero a mayo de 2018. La columna de términos representa el lexema de una palabra; es decir, distintas versiones de esa misma palabra se incluyen en el conteo. Por ejemplo, las palabras “llamado”, “llamando” y “llamadas” se incluyen en la palabra “llamada”. Para más detalles acerca de esta tabla, da clic aquí.
    Fuente: Comisión Federal de Comercio (FTC)

    BuzzFeed News también identificó 63 demandas interpuestas entre 2003 y 2018, en las que se acusa a empresas, abobados, figuras religiosas, entre otros, de haber defraudado a sus clientes y utilizado la promesa de la regularización de la situación migratoria para lucrar. Tal y como sucede con las quejas autorreportadas, estos datos están incompletos y solo representan una fracción del total de fraudes cometidos.

    Los proveedores de servicios legales hacían cosas como llenar erróneamente los formatos migratorios, ofrecerse a casar legalmente a distintos clientes, o someter a los clientes a procedimientos legales de varios años sin explicarles de qué se trataban. Las pérdidas monetarias detalladas en las demandas van de unos cuantos cientos de dólares hasta más de 33,000 dólares.


    Cuando Durán finalmente decidió contratar un abogado migratorio, recurrió a Hecht.

    Al día de hoy, los Hecht enfrentan 33 demandas por parte de sus ex clientes, incluida Durán, quienes alegan que les vendieron falsas esperanzas de obtener una green card, y hoy enfrentan el riesgo de una posible deportación.

    La querella, presentada en mayo ante la Corte del distrito de Manhattan, con ayuda del grupo de defensa Make the Road New York, alega que los 33 querellantes representan apenas una fracción del total de personas que declararon haber sido víctimas de las tácticas de los Hecht. En total, los querellantes perdieron 99,350 dólares entre los gastos legales que pagaron a los Hecht y a los nuevos abogados que los representan actualmente.

    La demanda menciona la siguiente táctica: los Hecht le dijeron a los clientes que existía una vía legal para que aquellos migrantes indocumentados que hubieran vivido 10 años en los Estados Unidos y tuvieran hijos nacidos en el país obtuvieran un permiso de trabajo o una green card. Con frecuencia se referían a este beneficio migratorio como la “Ley de los 10 años”, una ley que en realidad no existe.

    “Si se te aparece alguien ofreciendo algo que parece sacado de un sueño, y eres el tipo de persona que ansía una buena noticia, es muy posible que creas en sus promesas”, declaró Pedroza.

    En la mayoría de los casos, según la demanda, el siguiente paso consistía en presentar solicitudes de asilo —un proceso muy distinto, con criterios diferentes— a nombre de sus clientes.

    Matthew Blaisdell, director del comité para la protección del consumidor y el ejercicio no autorizado del derecho en la Asociación Americana de Abogados Migratorios (AILA, por sus siglas en inglés), dijo a BuzzFeed News que presentar una solicitud de asilo convincente exige un recuento meticuloso y detallado de la vida de un individuo, y de las maneras en que ha sido perseguido en su país natal por pertenecer a un grupo social, político o étnico. Preparar una solicitud de asilo convincente toma bastante tiempo y con frecuencia exige la traducción de distintos puntos legales, tanto para resolver diferencias lingüísticas como para asegurar que el cliente entiende las leyes en la materia. Presentar una solicitud de asilo que no cumple con los méritos es una mala idea, según el abogado.

    “Cada pregunta tiene consecuencias”, advirtió Schaufele.

    Los Hecht prepararon las solicitudes de asilo “sin tener en cuenta la veracidad ni la falsedad de la información”, según la demanda. No formularon las preguntas necesarias que ayudarían a los clientes de los Hecht a determinar si sus solicitudes eran aptas de merecer asilo. En lugar de ello, llenaron cada solicitud con lugares comunes legales. BuzzFeed News recibió copias editadas de las solicitudes de asilo I-589 de seis ex clientes de los Hecht. Por medio de documentos presentados ante la corte, los Hecht argumentaron que “llevaron a cabo una serie de estudios para determinar si la solicitud de asilo del individuo era verosímil o no”.

    Los extractos a continuación muestran que los Hecht llenaban solicitudes de asilo y que todas incluían lenguaje muy similar. En turquesa se resaltan algunos ejemplos:

    Lam Thuy Vo / BuzzFeed News

    De acuerdo con la demanda, estas solicitudes de asilo se presentaban sin el conocimiento del cliente; 31 de los 33 demandantes dijeron que ése había sido su caso.

    El abogado de los Hecht argumentó, en su respuesta a la corte, que todo cliente que presenta una solicitud de asilo “recibe varias notificaciones en las que la solicitud se identifica como una de ‘asilo’”. Asimismo, Leonard Hecht le comentó al New York Times que le informó a sus clientes que sus solicitudes eran de asilo, y que ellos estaban al tanto de los riesgos.

    Pero los clientes de los Hecht, migrantes indocumentados, alegan en la querella que esto es falso. Ellos insisten en que las palabras “diez años” o “por tiempo” aparecían en la hoja de registro del despacho, y eso les hizo creer que estaban solicitando el beneficio específico de la Ley de los 10 años.

    La querella indica que la estrategia legal en sí consistió en convencer a los clientes de participar en procesos judiciales que podrían culminar con su expulsión del país. Una vez ordenada la expulsión, el abogado podría solicitar una “cancelación de la expulsión” –una forma de suspensión de deportación– y a partir de eso se podría obtener una green card.

    Obtener una “cancelación de la expulsión” es muy difícil, cosa que el juez le explicó a Durán el día de su audiencia. Según Blaisdell, se otorgan alrededor de 4,000 cancelaciones de este tipo cada año, y hay muchísima demanda.

    De acuerdo con los argumentos de la demanda, ninguno de los querellantes habría contratado los servicios de Hecht de haber sabido que ésa era su estrategia.

    Los lineamientos éticos de la AILA, coautorados por Blaisdell, señalan claramente que un abogado debe siempre explicarle a un cliente como Durán los riesgos de una estrategia legal. “Se supone que el cliente es quien toma la decisión. El abogado solo está ahí para ejecutar las decisiones”, señaló Blaisdell.

    Cuando se les pidió que respondieran a ciertas acusaciones en su contra, Foti, uno de los abogados de Thomas y Leonard Hecht, envió por correo electrónico la siguiente declaración:

    “A diferencia de los demandantes, los Hecht no buscan litigar este caso en la prensa. Por el contrario, los Hecht continuarán disputando de manera enérgica estas acusaciones sin méritos en el foro propicio para ello: un tribunal de justicia. La Querella Modificada, reducida drásticamente, se presentó en respuesta al recurso de desestimación interpuesto originalmente por los Hecht, el cual dejó en claro que los alegatos de los demandantes eran falaces. En respuesta a este recurso, los demandantes se vieron obligados a eliminar porciones enteras de su querella original. Los Hecht anticipan que, luego de una nueva solicitud de desestimación que se interpondrá en las próximas semanas, la querella modificada se desestimará en tu totalidad”.

    Los demandantes habían presentado una querella, y luego la reemplazaron con una demanda con menos elementos.

    En su solicitud de desestimación, los Hecht argumentan que “las acusaciones de la demanda son, en esencia, una disputa acerca de si fue buena idea o no de los Hecht seguir un procedimiento legal que, hasta entonces, habían usado con éxito. Dicho procedimiento, que el gobierno federal había promovido en años anteriores, tiene como finalidad procurar la residencia permanente y permisos de trabajo para personas no ciudadanas (y, en cientos de casos, estos se obtuvieron con éxito). Será mejor que los demandantes, molestos de que este recurso ya no sea tan fácil de obtener como antes, dirijan sus quejas no con los Hecht sino con el gobierno de Trump, cuyos recientes cambios a la ley migratoria dieron al traste con años de políticas que incentivaban a los indocumentados a abandonar la clandestinidad. El hecho de que estas nuevas políticas incrementan la posibilidad de que los demandantes –muchos de los cuales entraron o se encontraban en el país de forma ilegal– no sean beneficiados por este recurso legal, no significa que las acciones de los Hecht sean retroactivamente fraudulentas”.

    El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) declaró que “se esmera por combatir las instancias de fraude y otras actividades que amenazan la integridad de las leyes migratorias de nuestro país”, las cuales “protegen a los estadounidenses, a nuestra nación y nuestros valores”. Añadió que “seguiremos echando luz sobre aquellos actos fraudulentos que desvirtúan el sistema y lastiman a los solicitantes que sí cumplen con la ley”.

    En su querella, Make the Road New York declaró que se ha visto forzada a “dedicar recursos para atender a un número creciente de personas” que han sufrido a raíz de las acciones de los Hecht.


    De acuerdo con la demanda, los Hecht se hicieron de varios clientes luego de relatarle a un contador que las personas sin residencia permanente podían solicitar un permiso de trabajo y una green card siempre y cuando llevaran diez años viviendo en Estados Unidos y hubieran declarado impuestos.

    Según la demanda, el contador le refirió a los Hecht alrededor de 100 personas. Sólo dejó de referirlas luego de tomar un taller de derecho migratorio en el que descubrió que la Ley de los 10 años no existía.

    Cuando una persona se presenta ante una corte migratoria, los procedimientos pueden resultar muy burocráticos y confusos, sobre todo para aquellos que no están familiarizados con la ley.

    La primera audiencia migratoria de Durán, en 2017, fue en uno de los numerosos juzgados pequeños de las oficinas de USCIS en Nueva York. En una recepción rodeada de salas de espera sin ventanas, Durán recibió un número de caso. Luego pasó varias horas esperando en compañía de docenas de personas: familias, individuos, abogados.

    Cuando finalmente llegó su turno, el juez anunció su número y Durán centró su atención en las palabras del juez. (Las audiencias pueden ser brevísimas: un jueves de hace pocas semanas, un juez migratorio revisó quince casos en 30 minutos; una de las audiencias más cortas duró apenas un minuto y medio). En esa misma audiencia, el juez fijó la cita de la próxima audiencia de Durán para dentro de poco más de un año.

    Las audiencias hacen pensar en “un proceso administrativo, y no necesariamente en algo que podría tener como resultado la expulsión del país”, dijo Vanessa Stine, abogada en Friends of Farmworkers, una organización que representa a víctimas de fraudes migratorios. Las cortes migratorias son “relativamente caóticas: todo es muy rápido, cuesta trabajo escuchar, hay bebés llorando, hay abogados buscando a sus clientes; es un lugar en el que suceden muchas cosas. Es un poco como ir al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV)”.

    Con frecuencia, los clientes no entienden que la deportación es una posibilidad latente: los abogados les aseguran que todo marcha bien. Por el contrario, los clientes “confían en ellos”, de acuerdo con Stine.

    Para aunar a la confusión y al sentimiento de que todo marcha bien, un solicitante de asilo cuyo caso judicial lleve más de 180 días pendiente califica para un permiso de trabajo temporal y puede recibir un Número de Seguridad Social (SSN) mientras espera que su caso se resuelva.

    Durán dice que eso fue lo que le sucedió. Luego de reunirse con Hecht, respondió a sus preguntas, firmó los documentos que le pidió, y le pagó. Cuando Durán le preguntaba a Hecht o a sus empleados por qué hacía falta firmar un documento o por qué recibía ciertas notificaciones, ellos le respondían que todo era parte del proceso judicial.

    En una ocasión, Durán se presentó en las oficinas de Hecht para firmar unos documentos relacionados con lo que ella creía era una solicitud relativa a la “Ley de los 10 años”. Cuando le preguntó a Hecht qué estaba firmando, el abogado evadió la pregunta y le dijo, más bien, que él tramitaba este tipo de solicitudes con mucha frecuencia. Esto, según los documentos de la corte.

    Los Hecht se mostraban, con frecuencia, “enojados o cortantes, y muchas veces gritaban [...] o usaban groserías” cuando sus clientes les hacían preguntas, según los documentos de la corte.

    Durán alega que ella no sabía que Leonard Hecht había solicitado asilo a su nombre. Cuando se lo negaron, Hecht le instruyó que regresara a la oficina con una orden de pago para “detener la deportación”. Ella pagó ese dinero, según la demanda.

    A través de un proceso llamado cierre administrativo, ciertos casos judiciales como el de Durán podrían haberse suspendido indefinidamente. Bajo el mandato de Trump, sin embargo, el Departamento de Justicia recientemente le quitó esta figura legal a los jueces migratorios. El gobierno incluso está sacando miles de casos de la congeladora para llevarlos a tribunales.

    A los jueces migratorios se les ha instruido acelerar sus procesos. Expertos señalan que esto podría conllevar más deportaciones; de hecho, muchos jueces migratorios temen que ya no tendrán tiempo suficiente para ser partes objetivas y, por ende, se convertirán en meros ejecutores de las estrictas políticas migratorias de Trump.

    Durán cree que pecó de ingenua.

    “Me siento muy avergonzada y tengo mucho miedo”, dijo Durán. “Pero no quiero que otras familias pasen por esta misma situación”.

    Lam Thuy Vo / BuzzFeed News

    Nely, quien nos pidió que sólo usáramos su primer nombre, aparece en esta foto junto con su esposo, quien pidió el anonimato. Ambos son ex clientes de los Hechts y enfrentan una posible deportación.

    Varias de las 33 personas que están demandando a los Hecht tienen previsto comparecer en la corte migratoria o están esperando a que comiencen los procesos de deportación en su contra. Dos de ellos ya recibieron órdenes de deportación.

    Dados los numerosos cambios al sistema de cortes migratorias en el país, no queda muy claro cuándo sabrán si podrán permanecer en Estados Unidos o si tendrán que abandonar el país. Lo único que saben es que pasaron de vivir en cierto anonimato a estar en la mira del gobierno.

    El efecto es desalentador. Nely, quien pidió que no usáramos su apellido, y su esposo, quien quiso mantenerse en el anonimato, son dos ex clientes de los Hecht. Ambos llegaron hace más de quince años a los Estados Unidos, buscando una mejor vida para su familia, e hicieron una petición de asilo sin conocer las implicaciones. La querella indica que Nely y su esposo no sabían que los Hecht estaban presentando solicitudes de asilo a su nombre, y que no entendieron la notificación de asilo que recibieron en el correo puesto que estaba en inglés.

    Poco tiempo después, gracias a un reportaje en español, se enteraron de la “Ley de los 10 años”, según documentos de la corte. Ese supuesto beneficio, al que ellos se creían acreedores, se describía en la televisión con letras enormes que deletreaban la palabra “fraude”.

    Nely contactó a una organización comunitaria e incluso asistió a un taller de derecho enfocado en la “Ley de los 10 años” que se llevó a cabo en Harlem. Ahí compartió su situación con el líder.

    “Mami, acabas de firmar tu propia orden de deportación”, le respondió el líder, según Nely.

    La pareja se apuró para retirar su solicitud. Pero ya están registrados en el sistema.

    Su nuevo abogado, quien trabaja para Make the Road y apoya a Nely pro bono, considera probable que los citen pronto en una corte migratoria.

    El esposo de Nely y sus tres hijos –un varón de dieciséis años, una niña de catorce y otro niño de doce– pidieron mantener el anonimato. Nely dice que a su familia le cuesta mucho trabajo superar el estrés de haber sido engañada de una manera tan terrible.

    Según Nely, sus tres hijos sufren una horrible tensión mental. Su hijo mayor padece depresión, y su promedio de calificaciones escolares se deterioró de “A” a “B” a “D” a “F”. Su hija sufre de ansiedad y hace poco tuvo un ataque de pánico luego de no poder contactar a su padre, que estaba en el metro sin señal de teléfono. Su hijo menor tiene pesadillas recurrentes por las noches.

    Cuando la noticia de la situación migratoria de Nely y su esposo salió a la luz, varios de sus amigos marcaron distancia. Algunos temen que los deporten por mera proximidad.

    Algunos de sus ex amigos se mofaron. “¿Entonces cuándo regresan a México?”

    Otillia Steadman ayudó a investigar esta historia.

    Lam Thuy Vo is a reporter for BuzzFeed News and is based in New York.

    Contact Lam Thuy Vo at lam.vo@buzzfeed.com.

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