Un exprocurador fiscal fundó la empresa acusada de desviar dinero para el PRI en elecciones

    Gabriel Reyes Orona fue procurador fiscal de México y renunció en 2001, dos años después formó una compañía que ahora es investigada por la Fiscalía de Chihuahua.

    El 28 de diciembre de 2001, en pleno Día de los Inocentes, el Gobierno del entonces presidente Vicente Fox dio a conocer que Gabriel Reyes Orona renunció a su puesto como procurador fiscal.

    Semanas antes de dejar el puesto, Reyes Orona entregó al Congreso un informe sobre exfuncionarios de los pasados gobiernos priistas que evadieron grandes cantidades de impuestos.

    “Ya no hay intocables, ya no hay personas que se puedan seguir burlando de la autoridad, y ahora el que no pague, se equivoca”, dijo en aquel entonces, de acuerdo con una edición de la revista Proceso.

    Casi dos años después de su renuncia, el 11 de julio de 2003, el exprocurador Gabriel Reyes Orona y el capitán Luis Alfredo Rayet Díaz, un piloto aviador, constituyeron Jet Combustibles S.A. de C.V., una empresa que actualmente está siendo investigada por desviar recursos públicos a campañas del PRI.

    Así lo demuestran documentos del Registro Público del Comercio de Saltillo, Coahuila, consultados por BuzzFeed News México.

    Este medio preguntó al exprocurador fiscal cuál fue su motivación para fundar la empresa.

    "Me pareció un área de oportunidad, ya que conozco bien la regulación del sector aeronáutico, donde existe un ilegal monopolio", respondió por escrito. "Mi intención en 2003 era tener interés jurídico para demandar la extinción del monopolio en combustibles, pero los costos no lo permitieron".

    Cuatro meses después de la fundación de la empresa Jet Combustibles, Reyes Orona vendió sus acciones a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez. Posteriormente, el capitán Rayet Díaz también se deshizo de sus acciones de la empresa.

    El exprocurador aseguró que la venta de sus acciones ocurrió porque era una gran inversión. "Requería una inversión que yo no realizaría en un sector ajeno al de la prestación de servicios legales que es mi especialidad".

    Alejandro Gutiérrez, la mente detrás del desvío de 250 millones de pesos

    A unas semanas de que fue fundada Jet Combustibles, las acciones de la empresa terminaron en manos de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, quien después de ser senador por Coahuila ascendió hasta la cúpula de la dirigencia priista y se convirtió en secretario general adjunto del partido.

    A través de sus empresas, Gutiérrez Gutiérrez operó una red de desvío de dinero público del Gobierno de Chihuahua, según las investigaciones de la Fiscalía de dicho estado. Reforma dio a conocer la declaración de un testigo que sostuvo que el dinero desviado por Gutiérrez Gutiérrez fue a parar a los bolsillos del PRI.

    Una de esas empresas fue precisamente Jet Combustibles, con la cual se desviaron al menos cuatro millones de pesos durante diciembre de 2015 y octubre de 2016. Para ese propósito, la empresa celebró un contrato para la realización de supuestos manuales de procedimientos y de protección civil para aeronaves del Gobierno de Chihuahua.

    Esos manuales, asegura la Fiscalía, nunca existieron. Sólo se simuló su elaboración y para ello contó con la complicidad del exgobernador priista de Chihuahua, César Duarte.

    Alejandro Gutiérrez Gutiérrez fue detenido el pasado 20 de diciembre en un operativo conjunto entre la Policía Federal y la Policía Estatal de Chihuahua.

    El exsecretario general adjunto del PRI está acusado de presuntamente desviar un total de 250 millones de pesos del Gobierno de Chihuahua a través de la simulación de otros contratos con la Secretaría de Educación Pública de la entidad.

    Tras una audiencia inicial, un juez ordenó prisión preventiva para el exdirigente priista por seis meses mientras se desarrollan las investigaciones de la Fiscalía.

    Con respecto a esta la investigación contra Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, el exprocurador Reyes Orona comentó: "No la conozco a detalle, pero de lo que pude leer se trata de un supuesto incumplimiento de contrato, asunto mercantil que quieren usar políticamente".