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Qué sucede cuando deportan a México a residentes que vivieron por muchos años en EE.UU.

Las deportaciones de la Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) subieron un 38%. Sin embargo, ciudades mexicanas fronterizas como Nogales no están preparadas para esta nueva oleada de residentes en situación de emergencia. BuzzFeed News habló con deportados y voluntarios.

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Arriba: Efrain Bautista Dominguez, un migrante mexicano, en el Albergue Para Migrantes San Juan Bosco, un refugio para migrants, el 18 de junio de 2017, en Nogales, Sonora. Él fue residente de Prescott, Arizona, por largo tiempo y tenía una solicitud de visa en proceso cuando recibió la orden para ser deportado. Fotografía de Caitlin O'Hara para BuzzFeed News.

NOGALES, México — Ya hace calor en Nogales, Arizona; el sol evapora las nubes matinales y calcina el asfalto del pequeño centro de la ciudad. Una camioneta blanca sin marcas se desvía hacia el puesto fronterizo. Las placas gubernamentales son lo único que la diferencia con las docenas de camionetas que diariamente transportan trabajadores desde el puesto de frontera hasta la ciudad de Tucson, una hora y media hacia el norte.

La camioneta se detiene en el puesto de control que separa Nogales, Arizona, de su contraparte mexicana. Dos hombres se bajan de ella y caminan hacia el austero edificio de concreto que domina la frontera. Minutos después vuelven a salir, cargados con sus pocas pertenencias y escoltados por oficiales mexicanos que los liberarán en Nogales.

Aún no son las siete de la mañana y ya comenzaron las deportaciones del día en Nogales, uno de varios puestos de control desde los que EE.UU. despacha a miles de deportados cada día, muchos de los cuales no viven en México desde hace años.

Si bien la administración de Obama eximió de la deportación a cientos de miles de inmigrantes indocumentados que residen en EE.UU. desde hace varios años, el enfoque de tolerancia cero del presidente Trump con respecto al control migratorio convirtió en prioridad del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) el detectar y deportar a estas personas.

“Con semejante aumento de deportados desde los Estados Unidos, la gente necesita mucho más que un plato de comida y un lugar para pasar la noche”

Hasta ahora, el DHS fue muy exitoso: según sus propias estadísticas, desde enero las deportaciones del ICE subieron un 38% comparadas con 2016, lo que equivale a que 167.350 personas fueron removidas de los Estados Unidos hasta el 24 de junio. Hay agentes que arrestan inmigrantes indocumentados durante redadas en Texas y otros estados, utilizan “registros” formales con inmigrantes indocumentados para detener residentes de manera ilegal, e incluso acusan de tráfico de personas a familias de menores que escapan de la violencia en Centroamérica.

Y estas cifras irán en aumento. Desde el tres de junio, el ICE emitió 968.773 órdenes de deportación para inmigrantes que aún no están bajo custodia, según un informe para el congreso estadounidense redactado por el director ejecutivo del ICE, Thomas Homan. Pero mientras aumenta entre los deportados la cantidad de personas que vivieron la mayor parte de sus vidas en los Estados Unidos, en la frontera mexicana se generan necesidades que superan la capacidad de acción de sus grupos de apoyo.

“Con semejante aumento de deportados desde los Estados Unidos, la gente necesita mucho más que un plato de comida y un lugar para pasar la noche”, dijo Joanna Williams (26 años), directora de educación y defensa de la Iniciativa Kino Border de ayuda de migrantes.

“Necesitan ayuda para reintegrarse en sus comunidades”.

Esa reintegración puede ser difícil.

El shock de pasar de tener un hogar, trabajo y dinero en los Estados Unidos a verse obligados a vivir en México tiene un fuerte impacto psicológico, como también lo tiene separarse de sus familias, en particular aquellos deportados con hijos.

Sumado una falta de buena asesoría legal, esta situación puede llevar a que muchos deportados tomen malas decisiones basadas en la desesperación. Hay muchos que ante el shock de haber sido echados del lugar que llaman su hogar intentan volver a entrar a EE.UU. cruzando el peligrosísimo desierto de Sonora, que se ha cobrado las vidas de cientos de personas.

Otros simplemente quedan paralizados, esperando que, de algún modo, algo cambie y puedan reunirse con sus familias.

Aunque al gobierno mexicano le cueste dinero invertir en programas de capacitación, salud mental y viviendas, estos recursos podrían ayudar a que los deportados — muchos de los cuales tienen títulos secundarios en EE.UU y experiencia en oficios — se vuelvan miembros productivos de la sociedad mexicana. Un estudio de 2015 realizado en Tijuana por el Instituto Nacional de Migración y Deportados de México descubrió que 1 de cada 4 deportados tiene un título secundario, y que la mayoría habla inglés.

Por el momento no hay señales de que el gobierno mexicano, que se negó a dar declaraciones, se encargue de esto. A principios de este año el gobierno ayudó a lanzar una aplicación de teléfonos Android para que las personas indocumentadas en los EE.UU. avisen a los miembros de su familia que fueron detenidos. Pero en las ciudades fronterizas no hay evidencias del esfuerzo en conjunto que estas organizaciones creen necesario de parte tanto del gobierno como de instituciones internacionales.

La falta de interés del gobierno en ayudar a mexicanos deportados no se limita a Nogales. De hecho, en lugar de ayudar a darles la bienvenida a su patria, los dirigentes de varias comunidades parecen más interesados en ocultarlos.

En 2015 los dirigentes de la ciudad realizaron un esfuerzo agresivo por limpiar la Zona Norte, la parte de Tijuana más cercana al puesto de control fronterizo y donde se multiplicaron los campos de personas sin hogar, incluso dentro de El Bordo, una zanja cloacal de varias millas de largo.

La policía realizó redadas en El Bordo y otras zonas, juntando a miles de deportados y dispersando a quienes escaparon a otras partes de la ciudad. Muchos de los arrestados fueron enviados a otras ciudades, encarcelados u obligados a entrar en programas de recuperación de drogadicción que, según los trabajadores humanitarios, son poco más que campos de trabajo forzado.

La operación funcionó: desaparecieron los nudos de lona plástica y techos de cartón que solían poblar El Bordo, así como las pequeñas ciudades hechas de tiendas de campaña que habían surgido en las plazas aledañas.

Sin embargo, seis meses después la gente volvió a El Bordo y otros terrenos familiares. Y al esperarse más deportados, la ciudad vuelve a planear maneras de eliminar la mala imagen que da la gente sin techo, algo que preocupa a Zuniga.

No queda claro qué harán las autoridades del gobierno para tratar este problema. En el pasado, los oficiales insistieron en que la mínima atención que se ofrece a los deportados — como boletos gratuitos de autobús para viajar al estado en que nacieron, o acceso a computadoras para imprimir sus certificados de nacimiento — es suficiente.

“No pensaron en hacer nuevos refugios, sino centros de detención. Ellos [ven] los centros de detención del otro lado [de la frontera] y quieren hacer lo mismo aquí”, dijo Patricia Gonzalez-Zuniga, una académica que dirige un proyecto a favor de los migrantes.

“A mí me suenan a campos de concentración”. ●

John Stanton is a senior national correspondent for BuzzFeed News. In 2014, Stanton was a recipient of the National Press Foundation’s 2014 Dirksen Award for distinguished reporting of Congress.

Contact John Stanton at john.stanton@buzzfeed.com.

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