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Estos veteranos de EEUU sirvieron a su país, pero eso no impidió que fueran deportados

Veteranos militares de EE.UU., que no son ciudadanos, enfrentan la deportación si son condenados por delitos de diferentes categorías. Ahora algunos legisladores están tratando de cambiar eso y piensan que Trump es el hombre para hacerlo.

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TIJUANA, México - Alejandro Gómez se adelantó entre sus hermanos de armas. Miró a su alrededor nerviosamente, contemplando las cámaras de televisión, los reporteros y los siete miembros del Congreso de los Estados Unidos que habían venido a reunirse con ellos: los veteranos del ejército estadounidense deportados después de servir al único país que habían conocido.

Sin micrófono, levantó la voz para asegurarse de que los legisladores oyeran su sencillo mensaje.

"Esta deportación es injusta", dijo el ex Marine de 50 años. "Me ha costado mi matrimonio, la separación de mis hijos y mi salud".

Fue un momento emotivo y sorprendente para Gómez quien, después de dos deportaciones, había renunciado a la idea de volver a ver a su familia. Y ahora, siete años después de su llegada a Tijuana, una delegación Caucus Hispano del Congreso (CHC) estaba aquí prometiendo luchar por él.

“El hecho de que siete diputados y congresistas hayan llegado aquí es fenomenal para mí", dijo Gómez después. "Esto aumenta mi esperanza. De sólo hablar de eso, se me pone la piel de gallina. Porque ahora hay esperanza. ¿Te deportan, amigo? Pierdes la esperanza” -dijo con voz entrecortada.

Gómez y los otros hombres que se reunieron con los legisladores de la CHC -todos demócratas de estados fronterizos como California, Arizona, Nuevo México y Texas- representan sólo a un puñado de veteranos que han sido deportados en los últimos 20 años, tras haber sido detenidos en incursiones contra criminales o los que cruzan repetidamente las fronteras de modo ilegal.

“Es una farsa. Creemos que cualquiera que estuviera dispuesto a arriesgar su vida por Estados Unidos no debería ser objeto de deportación", dijo el representante demócrata de Texas, Joaquín Castro, después de la reunión.

"Creemos que cualquiera que estuviera dispuesto a arriesgar su vida por Estados Unidos no debería ser objeto de deportación".

Danielle Bennett, portavoz de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE), declaró a BuzzFeed News en un comunicado que aunque la agencia "respeta el servicio y el sacrificio de los que están en servicio militar y es muy deliberada en su revisión de casos que involucran a veteranos...la ley aplicable requiere que ICE detenga y procese obligatoriamente a las personas que han sido condenadas por delitos graves según se define en la Ley de Inmigración y Nacionalidad”.

Y aunque que el enfoque de línea dura de Donald Trump en inmigración lo convierte en un aliado improbable, los miembros de CHC creen que él es el hombre exacto para hacer lo que el presidente Barack Obama no hizo -detener la deportación de veteranos y traer de vuelta a quienes fueron sacados por la fuerza por los anteriores gobiernos.

“Tenemos un nuevo presidente. Todo va tan mal. Todo va tan mal. Esta es una oportunidad para que haga algo positivo", dijo el representante demócrata de California, Juan Vargas. "Desafortunadamente, el presidente anterior no estaba interesado en este tema".

Vargas ha tomado el liderazgo en la legislación que pondría fin a las deportaciones de veteranos, les permitiría regresar a Estados Unidos y proporcionar acceso a la atención médica a los veteranos deportados que viven en el extranjero .

"Estás hablando de veteranos. Estás diciendo que quieres ayudarlos. ¿Cómo vas a arreglar el VA [Departamento de Veteranos]? ¿Cómo vas a hacer todo esto?", dijo Vargas. “Ayuden a estos hombres. Es fácil: todo el país te aplaudirá”.

David Maung

Héctor Barajas (a la izquierda), es un veterano del Ejército que fue deportado a México y dirige la casa de apoyo. Barajas, junto con otros dos veteranos deportados, fue oficialmente indultado por el gobernador de California por condenas penales anteriores, un primer paso hacia la ciudadanía estadounidense.

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Nadie sabe a ciencia cierta cuántos veteranos han sido deportados, aunque como parte de un estudio de 2016, la ACLU pudo identificar a 239 veteranos nacidos en el extranjero que habían sido expulsados de Estados Unidos. Pero esos números son bajos.

Casi todos los veteranos fueron identificados por grupos de ayuda como la Casa de Apoyo a los Veteranos Deportados de Tijuana, donde se realizó la reunión de legisladores. Los activistas dijeron que rutinariamente encuentran ex militares en Tijuana y otras ciudades fronterizas donde Estados Unidos deporta a miles de mexicanos cada día.

De hecho, Gómez era uno de los varios hombres que sólo habían oído hablar de la Casa de Apoyo, que los veteranos llaman el "búnker".

Administrada por Héctor Barajas, un veterano de la Operación Tormenta del Desierto de 40 años que fue deportado en 2010, cuenta con refugios temporales, asistencia en el acceso a pensiones y otros beneficios y ayuda para establecerse en Tijuana. Barajas les diijo a los legisladores que confirma el pasado militar de cada individuo que llega allí para recibir ayuda.

Entre ellos figuran ex soldados que sirvieron en guerras, desde Vietnam a Irak y Afganistán, y la mayoría dice que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños y obtuvieron sus residencias antes de alistarse. Muchos alegan que los reclutadores hicieron falsas promesas de que recibirían la ciudadanía expedita o que se la otorgarían cuando juraran como militares.

En 2002, el presidente Bush firmó una orden ejecutiva que aceleró el proceso de ciudadanía para los miembros activos en el extranjero; dos años más tarde, los cambios en la ley de inmigración permitieron que los servicios de naturalización ocurrieran en bases militares fuera de los Estados Unidos.

Pero para los veteranos como Gómez, que terminaron el servicio antes de 2002, o que nunca se aprovecharon del proceso acelerado durante su servicio, obtener la ciudadanía permanente sigue siendo el mismo proceso que para cualquier otro residente.

También estos veteranos tuvieron problemas con la ley que llevaron a su deportación. Pero si bien esto puede hacer que seamos menos compasivos, todos cumplieron condena en prisión o libertad condicional y creen que dado su servicio militar, deberían tener otra oportunidad.

"Durante la guerra de Vietnam, miles de reclutas eligieron huir a otras partes del mundo en lugar de servir a su país. Tienen amnistía ", dijo Luis Vargas, un ex marine, a los legisladores durante su reunión. Pero en las décadas que siguieron, continuó, "firmamos voluntariamente y nos alistábamos”.

Vargas, quien dijo que se alistó en la década de 1980, insistió en que los veteranos deportados quieren una oportunidad para "probar a Estados Unidos que podemos convertirnos en pilares de la sociedad".

"Los veteranos deportados quieren una oportunidad para "probar a Estados Unidos que podemos convertirnos en pilares de la sociedad".

Luis Puentes, de 37 años, llegó con sus padres a la zona del Valle de San Fernando, California, cuando tenía 12 años. Originario de Jalisco, México, se unió al Ejército después de la escuela secundaria y sirvió como paracaidista.

Después de una pelea de bar en la que hirió gravemente a un hombre, fue sentenciado a 13 años de prisión, y allí obtuvo un título universitario, trabajó como parte de una unidad de bomberos voluntarios y, dijo, se convirtió en otro hombre.

"Cometí un error cuando era más joven. Pero desde entonces he cambiado mucho como persona. He obtenido un diploma universitario, como dije, pasé cuatro años arriesgando mi cuello voluntariamente combatiendo incendios en los bosques", relató.

Puentes debía ser liberado de la prisión en enero de 2017 y estaba participado en un programa laboral del sistema penitenciario. Un día, meses antes de su fecha de liberación, agentes de inmigración llegaron a su trabajo y lo llevaron a un centro de detención de Texas. Como no era ciudadano y había sido condenado por un delito violento, sería deportado.

Puentes fue puesto en un avión con destino a la Ciudad de México el 18 de enero, dos días antes de que Donald Trump fuera juramentado como el 45º presidente de los Estados Unidos.

“Sólo estoy tratando de acostumbrarme. Sí, es difícil", dijo. "Aquí hay un sistema totalmente diferente, ya sabes. Las leyes son diferentes, es una cultura diferente, es difícil, quiero decir que es una locura".

"Entiendo que cometí un error, pero cumplí 12 años de cárcel. Como resultado de mi error perdí mi carrera, perdí la oportunidad de estar con mis hijos que no conocí. Lo he perdido todo. Y ahora estoy aquí en un país diferente. Yo nací aquí, pero soy estadounidense", dijo Puentes.

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Cuando los funcionarios de inmigración llegaron por Gómez en 2005, ser deportado era lo más lejano que tenía en mente. Chofer de camiones para una empresa de venta al por mayor de plantas tropicales del sur de California, estaba casado y tenía cuatro hijos, y vivía una vida normal en San Diego.

Pero una acusación por crack de 1996, por el cual Gómez no había recibido sentencia de cárcel, finalmente lo alcanzó. Aunque dijo que su acuerdo judicial de 1996 incluyó una disposición de que el delito no se utilizara para deportarlo, no se aplicó en la corte federal. Y así Gómez, que había vivido en el área de San Diego desde que tenía seis meses, se encontró en Tijuana sin trabajo, sin dinero y sin perspectivas.

"Llegas aquí y te das cuenta de las condiciones deplorables en que vas a tener que vivir: ‘Oh, Dios mío, ¿esto va a ser para el resto de mi vida? ¿Estás bromeando? ", dijo de la experiencia.

"Yo estaba trabajando legalmente. Estaba pagando impuestos". Ahora "vivo como escoria y tengo un salario horrible".

Rápidamente regresó a los Estados Unidos hasta el 15 de mayo de 2010. "ICE aparece en mi casa una mañana y me arrastra de mi cama", dijo Gómez. "Yo estaba trabajando legalmente. Estaba pagando impuestos. Creo que es quizás por lo que me atraparon".

Era su aniversario de bodas, y era la última vez que despertaba en Estados Unidos.

Dos días después de llegar a Tijuana, Gómez fue detenido en uno de los operativos de rutina de la policía de áreas con grandes poblaciones de deportados sin hogar. Pasó 36 horas en la cárcel.

Ahora, trabajando como guardia de seguridad por 1400 pesos a la semana - alrededor de $85- vive con lo básico. "Vivo como escoria y tengo un salario horrible. El nivel de vida es terrible. Quiero decir, sólo mire a su alrededor”-dijo, sacudiendo la cabeza.

Aunque su esposa pasó dos años viajando a Tijuana para verlo, la pareja finalmente se divorció. Sus hijos adultos no traerán a sus familias a visitarlo porque temen a los cárteles de la droga, por lo que no conoce a su nieta de dos meses, Charlotte. "Tengo Snapchat. Tengo Instagram. Así es como nos comunicamos” -dijo, secándose las lágrimas.

David Maung

Luis Vega Salazar, un veterano militar y ciudadano mexicano, habla con los miembros del Congreso (de izquierda a derecha) Joaquín Castro, Nanette Diaz Barragán, Raúl Grijalva y Lou Correa en Tijuana, México, el 3 de junio.

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Uno de los mayores problemas que enfrentan los veteranos deportados es el acceso incluso a la atención médica básica. Danielle Horyniak, investigadora de la Universidad de California en San Diego, que estudia las condiciones de salud de los veteranos deportados, dijo que es particularmente difícil para veteranos mayores como Gómez, que tienen problemas crónicos de salud física y mental.

Gómez, por ejemplo, dice que no puede conseguir un trabajo de fábrica mejor pagado debido a un problema crónico de la espalda que no ha sido tratado.

"Esta gente luchó por Estados Unidos, puso sus vidas en el frente, lo que causa problemas mentales y físicos. Añádele los problemas de la deportación, que es muy estresante... Así que tienes todos estos problemas de salud que se exacerban", dijo Horyniak.

Aunque la Administración de Veteranos provee a los que viven en el extranjero una ayuda a través del Programa Médico Extranjero, hay una desventaja - primero tienen que someterse a una batería de exámenes por médicos de la Administración de Veteranos.

"Esta gente luchó por Estados Unidos, puso sus vidas en el frente, lo que causa problemas mentales y físicos. Añádele los problemas de la deportación". 

Para los veteranos en Tijuana, los médicos están tentadoramente cerca, a sólo 32 millas por la autopista 5. Pero como no pueden cruzar la frontera, es como si las instalaciones estuvieran a 3.200 millas de distancia.

Aunque el congresista Vargas ha presentado una legislación específicamente diseñada para atender las necesidades de atención médica de los veteranos deportados, los miembros de CHC esperan trabajar con la administración Trump en al menos una solución temporal.

La falta de atenciones "es chocante", dijo la representante Michelle Grisham, presidenta de CHC.

Grisham, una demócrata de Nuevo México, dijo que espera que el gobierno de Trump acepte comenzar a enviar a los médicos de VA a Tijuana para llevar a cabo exámenes de los veteranos deportados, lo que sería un bienvenido "paso interino", mientras una serie de proyectos de ley presentados desde marzo son aprobados por el Congreso.

Por supuesto, eso descansa en la noción de que la administración de Trump estará abierta a arreglos temporales o a los cambios legislativos más amplios que el CHC está buscando.

El gobierno de Trump aún no ha mostrado ningún interés serio en el bipartidismo, y dada la naturaleza impredecible del presidente, nadie puede pronosticar qué tema podría atrapar su imaginación, o por cuánto tiempo. "No puedo decir exactamente lo que hará el presidente o el Congreso", reconoció el congresista Castro.

Sin embargo, Grisham dijo que están dispuestos a trabajar con la administración en el tema y creen que para una Casa Blanca constantemente acosada por escándalos y malas noticias, terminar "uno de los actos más vergonzosos que Estados Unidos ha hecho a sus veteranos" podría ser el tipo de titular que captara la atención de Trump.

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Este post fue traducido del inglés.

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