La reducción de 50% del presupuesto del Gobierno Federal para la compra de publicidad oficial, como ha prometido Andrés Manuel López Obrador, podría resolver sólo una parte del problema sobre la calidad de la información que producen y difunden los medios de comunicación. La otra parte, de mucha mayor complejidad, la representan la concentración de la propiedad de los medios —que pocas compañías sean dueñas de la mayoría de los medios, lo que en futbol se conoce como multipropiedad, o que concentren la mayor cantidad de audiencia— y la diversidad de negocios de las corporaciones que hacen que el contenido no sea su principal fuente de beneficios económicos.
Los ciudadanos confían en que el gobierno que encabezará AMLO a partir del 1 de diciembre de 2018 atenderá de manera prioritaria la mejora de los salarios, el combate a la corrupción y la inseguridad en México. La satisfacción de esas expectativas debe ser vigilada por los medios de comunicación, como auditores del cumplimiento de las promesas electorales y con la denuncia constante de posibles desviaciones cuando estén involucrados bienes y recursos de todos los ciudadanos. Y eso sólo es posible cuando se cuenta con medios libres e independientes.
La publicidad oficial como forma de censura y control, la concentración de la propiedad de los medios y la diversidad de negocios de las corporaciones dueñas de los medios forman una triada peligrosa para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información en México. La publicidad oficial es la parte más visible, pero no es la de mayor incidencia para la difusión de información que dé servicio a la ciudadanía y ayude a la toma de decisiones políticas, económicas y recreativas.
1. La publicidad oficial puede ser una forma de censura y control cuando se vuelve una fuente indispensable en las finanzas de los medios de comunicación.
La venta de espacios de publicidad al gobierno representa en muchos casos más de la mitad de los ingresos de los medios de comunicación, como se documentó en Comprando complacencia: Publicidad oficial y censura indirecta en México, un estudio de WAN-IFRA y CIMA publicado por Proceso en 2014. Existen medios que incluso basan su modelo de negocio sólo en esa vía de financiamiento. La publicidad oficial ha funcionado como forma de censura y control de los medios, con la clara intención de difundir la información que conviene a quien paga la nómina y los demás costos, en detrimento de la calidad y el servicio para los ciudadanos.
Es archiconocida la frase del expresidente José López Portillo que dice “No pago para que me peguen”, como el culmen de la expectativa del poderoso al invertir en un medio de comunicación. La expresión hace referencia a la dispersión del presupuesto público hacia los medios, que aún es una fuente de ingresos imprescindible para las finanzas de muchas compañías.
La organización civil Artículo 19, dedicada a la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información, define la publicidad oficial como la compra de espacios “en los distintos medios de comunicación por los órganos de gobierno para difundir información de interés público”. Según su informe Democracia simulada. Nada que aplaudir, entre enero de 2013 y diciembre de 2017 el Gobierno Federal encabezado por Enrique Peña Nieto destinó 40,600 millones de pesos a la compra de publicidad oficial. La mitad de ese dinero se destinó únicamente a 20 compañías de medios.
2. La concentración de la propiedad de los medios afecta la pluralidad de los contenidos, unifica ideologías y formas de pensamiento y margina a los grupos minoritarios y sin poder.
Veamos un caso concreto. En la radio de la Ciudad de México, seis grupos radiofónicos cuentan con 35 frecuencias que tienen un alcance promedio acumulado de 60% de la audiencia. Grupo Radio Centro de Francisco Aguirre Gómez es el más poderoso, con 11 frecuencias y un alcance promedio de 16 de cada 100 escuchas (en realidad tiene 12, pero una la tiene “rentada” a Grupo Siete). El dueño de Grupo Radio Centro, además, está por lanzar su propio servicio de televisión abierta en la Ciudad de México, con el que podrá transmitir en cuatro canales simultáneos, lo que representa la posibilidad de incrementar su audiencia y aumentar su poder político.
“Si bien los medios son actores con gran capacidad para proponer, discutir y fijar asuntos, también tienen el poder para ocultar e inhibir temas de la agenda en el espacio público”, escribió el profesor de la Ibero Manuel Alejandro Guerrero en Medios de comunicacion y la función de transparencia, publicado en 2008 por el Ifai (hoy Inai). Grupo Radio Centro podría, por ejemplo, masificar un mensaje a través de todos sus medios para celebrar o atacar a un determinado actor o grupo político e incidir en la manera en que la audiencia percibe su imagen. O al revés: podría evitar la difusión de una noticia que pusiera en riesgo la reputación de sus socios comerciales o que afectara sus intereses económicos, en detrimento del derecho a la información de la audiencia.
Non vidi, ergo non esto (“Para el hombre que puede ver, lo que no ve no existe”) fue la expresión que utilizó Giovanni Sartori en su clásico Homo Videns: ¿si Radio Centro no habla de la desigualdad en México, la desigualdad en México existe?
3. El verdadero negocio de las corporaciones convierte a los medios en instrumentos políticos para obtener incentivos económicos distintos a la producción y difusión de contenido que sirva a la ciudadanía.
La ruta del dinero hacia un medio de comunicación deja más rastros y puede identificarse con mayor facilidad que la asignación, por ejemplo, de un contrato público multimillonario a una compañía de servicios financieros de la corporación que también es dueña, digamos, de un periódico como Excélsior. La relación de beneficio entre una compañía periodística y una fuente de inversión pública —el gobierno— puede ir más allá de la compra de publicidad. Se trata también de un mercado de subvenciones estatales o federales u otros instrumentos financieros para las compañías de medios o a periodistas individuales.
Cuando la prioridad de una corporación que es dueña de canales de televisión, estaciones de radio y publicaciones impresas y digitales no son los contenidos sino sus actividades en otros sectores productivos, los medios que controla pueden servir en realidad como instrumentos de chantaje, como una manera de alcanzar beneficios a través de licitaciones públicas para la construcción de hospitales o la proveeduría de medicamentos al Gobierno, para la venta de servicios financieros como seguros o la administración de nóminas o para la renta de instalaciones turísticas para actividades financiadas con dinero público.
Trazar la ruta del dinero público a través de las corporaciones con medios de comunicación es una tarea titánica que, para ser completa, tendría que abordarse desde el contenido publicado y su posible vinculación con sucesos corporativos, como la obtención de licitaciones públicas, contratos con instancias de gobierno, acceso a información financiera o incentivos o prebendas fiscales.
Es cierto que el dinero público a través de la publicidad oficial puede determinar la forma como determinadas empresas o periodistas abordan informativamente determinados asuntos, pero esta vía es un tema secundario cuando se trata de un ecosistema de propiedad dominado por sociedades corporativamente diversificadas.
La promesa de AMLO de reducir a la mitad el presupuesto de publicidad oficial puede ser el primer paso hacia un ecosistema de medios más honesto y confiable, que ofrezca un verdadero servicio público, pero hará falta mayor transparencia de las corporaciones para revelar posibles conflictos de interés y fuentes de financiamiento y para informar y entretener a la ciudadanía con la misión de construir una mejor democracia. Suena difícil en un país donde las relaciones de poder funcionan mejor que las leyes, pero se vale tener esperanza.