1. LA BAJA DE LA EDAD DE IMPUTABILIDAD NO RESUELVE LOS PROBLEMAS DE SEGURIDAD, LOS AGRAVA.
2. LOS Y LAS ADOLESCENTES NO SON IMPUNES. SON RESPONSABLES PENALMENTE A PARTIR DE LOS 13 AÑOS, Y CUMPLEN POR ELLO PENAS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD.
PORQUE: A partir de la Convención de los Derechos del Niño y Adolescente (CDN), ratificada por Uruguay en el año 1991 y la adecuación legislativa ocurrida con el Código de la Niñez y Adolescencia, en el año 2004, Uruguay cuenta con un Sistema Penal Juvenil que tiene por objetivo regular las conductas delictivas que puedan cometer los y las adolescentes en nuestro país de acuerdo a los estándares internacionales. La respuesta penal más usada es la privación de libertad del adolescente, que no es otra cosa que el encarcelamiento, puede alcanzar hasta los 5 años de reclusión.
Esto acompasa lo que ocurre en los países de América Latina y Europa, donde el promedio de edad de ingreso a un sistema penal juvenil es de 12 años en A. Latina, y de 14 en Europa, y al sistema penal de adultos de 18 en ambas regiones.
3. LAS FUGAS DE LOS Y LAS ADOLESCENTES CON MEDIDAS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PUEDEN SOLUCIONARSE SIN NINGUNA REFORMA CONSTITUCIONAL.
PORQUE: Con un adecuado funcionamiento de las instituciones encargadas del cumplimiento de las medidas privativas de libertad, con condiciones de trabajo apropiadas y mayores niveles de profesionalización las fugas pueden disminuirse significativamente.
Las herramientas legales existentes hoy en el Uruguay (Código de la Niñez y el Adolescente), son válidas y efectivas. El problema radica en su efectiva implementación. Se está por aprobar en el Parlamento el SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE (SIRPA), al que se le dará su propio presupuesto. La discusión debería enfocarse en exigir el cumplimiento de los objetivos de reintegración social de dicho centro, así como la mejora de las condiciones y gestión de todas las instituciones y operadores que forman parte del sistema penal juvenil.
4. LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD ES COSTOSA Y NO FAVORECE LA REINTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS Y LAS ADOLESCENTES, EN CAMBIO LAS MEDIDAS NO PRIVATIVAS SÍ.
PORQUE: Los derechos de niños, niñas y adolescentes, deben ser defendidos y respetados como un valor superior que no puede ser mensurado en términos económicos. Aún así el costo de un adolescente privado de libertad o una adolescente privada de libertad le significa al estado la suma de U$S 2.000 mensuales, en cambio en un programa de medidas no privativas le cuesta U$S 300.-
El nivel de reincidencia para la privación de libertad es superior al 80 %, en cambio en los programas de medidas no privativas es inferior al 30 %.
La privación de libertad tanto en la Convención de los Derechos del Niño como en la Ley nacional es el último recurso y está reservada únicamente para los delitos más graves porque se sabe que es una mala decisión en tanto que no resuelve ningún problema de inseguridad. Si la normativa se cumpliera (privando de libertad solamente por delitos graves y disponiendo medidas no privativas para los demás casos que correspondan) se ahorrarían recursos al estado que podrían ser volcados a una adecuada gestión de los establecimientos de privación de libertad, para garantizar efectivamente la reintegración social de los y las adolescentes.
5. DE BAJARSE LA EDAD DE IMPUTABILIDAD URUGUAY VIOLARÍA LOS TRATADOS INTERNACIONALES YA RATIFICADOS.
PORQUE: Se estaría violando la Convención de los Derechos del Niño (CDN) y en caso de que se aprobase la baja de la edad de imputabilidad, Uruguay no estaría respetando el principio de no regresividad en materia de Derechos Humanos que implica no rebajar los estándares alcanzados por el país en la materia. Además de poder ser observado por incumplimiento estaría yendo en contra de la posición garantista y defensora de los derechos humanos.
6. ALGUNOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOBREXPONEN LAS SITUACIONES DE VIOLENCIA, EN ESPECIAL LAS ASOCIADAS A LOS Y LAS ADOLESCENTES.
PORQUE: La crónica roja, la exposición de las víctimas, y la falta de un análisis crítico logra sobredimensionar la inseguridad y la participación que en esta tienen los y las adolescentes. Ahora al tener canales con noticias con más frecuencia, la noticia de un homicidio se transmite 20 veces en el día y parece que fueron 20 homicidios.
Según el Barómetro de las Américas, el 79,1% de los uruguayos y uruguayas consultados en el 2010 no fueron víctimas de un acto de delincuencia en los 12 meses anteriores. Del 20, 9% que afirma haber sido víctima, el 49,4% lo fue dentro de su hogar y no en la calle.
7. LOS DATOS DEMUESTRAN QUE LOS Y LAS ADOLESCENTES NO SON LOS RESPONSABLES DE LOS ACTUALES PROBLEMAS DE SEGURIDAD SINO QUE SON PREPONDERANTEMENTE VÍCTIMAS DE LOS MISMOS.
PORQUE: Uruguay cuenta con aproximadamente 260.000 adolescentes (de entre 13 y 18 años) de los cuales menos de 1000 están comprometidos con la ley penal por infracciones que han cometido. Actualmente 350 se encuentran en programas de privación de libertad.
En los hechos, la justicia recurre excesivamente a medidas de privación de libertad, castigando con mayor rigor a los y las adolescentes provenientes de los colectivos más desfavorecidos y "almacenando" en centros que resultan verdaderas cárceles, que no trabajan la socialización y no logran su objetivo de reintegración social. Es allí donde debería centrase la atención de las y los políticos al tiempo de pensar en el tema de la infracción juvenil.
Analizando los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la infantilización de la pobreza sigue siendo un problema en nuestro país, el 37,8% de los niños menores de 6 años vive en hogares cuyos ingresos no alcanzan a satisfacer sus necesidades básicas. En Montevideo, la incidencia de la pobreza en el tramo de edad inicial alcanza a 44,1% y llega a 43,7% en los niños de entre 6 y 12 años. A partir de los 18 años, el nivel de pobreza es más bajo que en el conjunto de la población, que alcanzó su menor nivel en los mayores de 65 años, donde solo 7,4% padece una condición de pobreza. Y la tasa de desocupación de los y las menores de 25 años es 5 veces mayor que la de los y las mayores (22,1% vs. 4,6%).
Los niveles de exclusión del sistema educativo formal, la segregación habitacional, la falta de propuestas promocionales para adolescentes, la explotación sexual, la violencia doméstica, entre otros, afectan a la mayor parte de los y las adolescentes y generan situaciones de vulneración de derechos humanos trazando caminos de exclusión social.
Las niñas, niños y adolescentes en nuestro país no son el peligro, están en peligro y esa debería ser la preocupación de un país que busca seguridad y un futuro promisorio.
8. LA CAMPAÑA POR LA BAJA DE LA EDAD DE IMPUTABILIDAD ES DELIBERADAMENTE ENGAÑOSA Y BUSCA CONFUNDIR A LA POBLACIÓN.
PORQUE: Mientras que algunos actores políticos se benefician de la campaña, desde diferentes organizaciones se promueve la discusión para informar las consecuencias negativas que ésta modificación conllevaría. Invitamos a ciudadanos y ciudadanas a escuchar y reflexionar sobre los argumentos brindados por organismos internacionales especializados en la materia como UNICEF, e instituciones nacionales idóneas y confiables como la Universidad de la República, entre otras.
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