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    La revolución silenciosa del matrimonio igualitario en México

    "Fuera de México, e incluso en el propio México, no se conoce este avance… es muy lento, invisible, pero es irreversible”, dijo a BuzzFeed News el abogado que precipitó la ola de casos que ahora sacuden el país.

    Durante los últimos dos años, tribunales en más de dos tercios de los 31 estados de México concedieron el derecho al matrimonio a parejas del mismo sexo en una serie de sentencias que, en un futuro próximo, seguramente harán realidad el matrimonio igualitario a nivel nacional.

    Los tecnicismos del sistema legal mexicano limitan el impacto inmediato que pueden tener estas sentencias. Cada sentencia se aplica solo a aquellos individuos que presentaron los casos y, por lo tanto, otras parejas del mismo sexo todavía tendrán que interponer sus propias demandas para casarse. En México, se requiere de múltiples casos que cumplan ciertos requisitos legales para que los tribunales anulen una ley estatal; un reto que todavía no se superó.

    Pero nuevos dictámenes se emiten casi cada semana, y por lo tanto, parece casi inevitable que falte poco para que llegue el día en que los matrimonios igualitarios se permitan a nivel federal, dicen los expertos legales que siguieron de cerca estos procesos legales. Tan solo en los tres primeros meses de 2015, los jueces en siete estados adicionales fallaron a favor del matrimonio igualitario.

    “Sólo es cuestión de tiempo”, dijo Geraldina González de la Vega, una abogada que trabajó en la primera demanda interpuesta en 2011 y ahora es secretaria de un ministro de la Suprema Corte. “Esto se ha extendido por todo el país”.

    En México, el primer lugar que permitió que las parejas del mismo sexo se pudieran casar fue México D.F. La Asamblea Legislativa del Distrito adoptó una ley de matrimonio igualitario a finales de 2009. Cuando los que se oponían a la ley la llevaron a la Corte Suprema de Justicia de México, los jueces determinaron que el reconocimiento de las parejas del mismo sexo en México D.F. es constitucional. Es más, dijeron que los matrimonios contraídos en la ciudad eran válidos en todos los estados del país.

    Sin embargo, la Corte Suprema no revisó los códigos civiles estatales que solo permiten que el matrimonio sea una unión entre parejas heterosexuales. El primer caso que argumentó que las leyes estatales que limitan el matrimonio a una unión entre un hombre y una mujer son inconstitucionales parecía tener pocas posibilidades de éxito. A diferencia de los Estados Unidos, donde los activistas tuvieron que luchar durante años para allanar el terreno para los matrimonios igualitarios, la búsqueda del matrimonio entre personas del mismo sexo en México fue silenciosa. Si en el país del norte los que impulsaron algunos casos estatales fueron abogados de primera línea, en México fue inesperada la persona a la que se le ocurrió interponer un recurso de inconstitucionalidad a un código civil estatal: fue idea de un estudiante de derecho en Oaxaca, un estado rural en su mayoría.

    Alex Alí Méndez Díaz hasta este momento había participado en procesos de litigación en 19 estados; esto a pesar de que aún cursa estudios avanzados en el D.F. y tiene un empleo no relacionado de tiempo completo. La primera vez que Méndez pensó en disputar las leyes estatales que contemplan el matrimonio fue cuando conoció a Alejandro y Guillermo, una pareja, mientras apoyaba en la parte de planificación de un desfile del orgullo gay en 2011 en su estado nativo de Oaxaca. Alejandro y Guillermo querían casarse, pero no tenían el dinero para viajar a México D.F. para hacerlo.

    “Estos hombres me dijeron: ‘Nos queremos casar pero no nos queremos ir… ¿Será que nos podemos casar aquí en Oaxaca’?”, contó Méndez durante una entrevista con este periodista en la ciudad de Oaxaca en 2012. Descargó la sentencia que se había emitido en el caso de México D.F. y concluyó que asentaba las bases para modificar el código civil de Oaxaca.

    Otras personas dentro de las organizaciones LGBT de Oaxaca opinaban que llevar esto al tribunal era una mala idea, dijo Méndez, en parte porque se preocupaban de que el estado todavía no estaba listo para una discusión pública sobre el matrimonio igualitario. Pero él estaba seguro de sus argumentos legales, así que decidió presentar el caso por su cuenta.

    “Dije, ‘Bien, si el colectivo no lo hace como grupo, entonces, yo soy el único abogado [en la organización]. Yo lo haré”, dijo.

    En agosto de 2011, Méndez interpuso dos demandas en representación de Alejandro y Guillermo y de otra pareja que conoció a través de Facebook. A inicios de 2012, presentó otra más. A este tipo de demanda se le conoce como amparo, una clase de demanda dentro del sistema mexicano relacionada con violaciones a los derechos humanos. Perdió dos de los casos, incluyendo al de Alejandro y Guillermo, pero el tercero, un caso que presentaba en representación de una pareja identificada como Lizeth y Montserrat, eventualmente llegó a la Suprema Corte. En diciembre de 2012, la Suprema Corte de Justicia falló a favor de esta pareja.

    “Así como la segregación racial se fundamentó en la idea inaceptable de la supremacía blanca, la exclusión de las parejas homosexuales del matrimonio también está basada en los prejuicios que históricamente existieron en contra de los homosexuales”.

    La decisión escrita del caso publicada a inicios de 2013, argumentaba de forma ferviente a favor del matrimonio igualitario. Una opinión unánime escrita por un ministro de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, decía que la corte tenía que involucrarse en parte por una reforma a la constitución mexicana de 2011 que prohibía la discriminación por motivos de “preferencias sexuales”. Los juzgados mexicanos se apoyan en resoluciones emitidas por otros países; por lo tanto, Zaldívar fundamentó la decisión en parte en los fallos de la Corte Suprema de los Estados Unidos que abolieron la segregación racial.

    “Así como la segregación racial se fundamentó en la idea inaceptable de la supremacía blanca, la exclusión de las parejas homosexuales del matrimonio también está basada en los prejuicios que históricamente existieron en contra de los homosexuales”, escribió Zaldívar, citando el caso de Brown v. Board of Education, el cual terminó con la práctica de segregación escolar estadounidense en 1954, y el caso de Loving v. Virginia que eliminó las leyes prohibiendo el matrimonio interracial en 1967.

    La sentencia permitió solo que las peticionantes se casaran, porque la ley mexicana requiere fundamentalmente de cinco resoluciones idénticas sobre un tema dado para asentar un precedente que comprometa a todos los jueces del país. Sin embargo, el éxito del caso planteó un plan de acción muy claro para la presentación de más amparos. Menos de una semana después de que la decisión fuese emitida en diciembre de 2012, Méndez anunció en Twitter que se estaba preparando para presentar más juicios de amparo en representación de otras parejas de Oaxaca y, de forma inmediata, abogados en varios de otros estados empezaron a conversar sobre cómo copiar esta estrategia.

    “En los dos años [desde], tuvimos éxito en cubrir la mayoría del país.”

    Méndez también empezó a trabajar en un amparo colectivo de forma simultánea, una petición de 39 individuos de Oaxaca que impugnaba las restricciones sobre el matrimonio. Estas acciones no giraban en torno a parejas específicas que alegaran que sus derechos habían sido violentados al serles negado el derecho al matrimonio; sino más bien representaban a un grupo de gays y lesbianas que decían que era intrínsicamente discriminatorio que el Estado les prohibiera el matrimonio. Esta decisión facilitaría el proceso, permitiendo que cantidades significativas de parejas ganaran el derecho a casarse a través de una sola demanda y también permitiría que las personas solteras ganaran el derecho al matrimonio aún si no tuvieran pareja.

    La Suprema Corte de Justicia falló a favor de este amparo colectivo en abril del año pasado. Desde ese momento, más de 100 grupos presentaron estos amparos en múltiples estados de forma exitosa.

    De acuerdo a los medios locales, hasta el mes de febrero, hubieron resoluciones a favor del matrimonio igualitario en 22 estados y se han presentado otros casos en por lo menos cuatro estados adicionales. Esta ola jurídica ha influenciado a la asamblea legislativa de Coahuila, un estado ubicado en la frontera con los Estados Unidos, que aprobara una ley de matrimonio igualitario en septiembre. Y este año, el estado caribeño de Quintana Roo (donde de hecho empezaron los matrimonios entre parejas del mismo sexo en 2011 gracias al dato poco conocido que la redacción de su código civil no hace referencia a género) celebró dos bodas masivas entre parejas del mismo sexo..

    Hasta Méndez parece asombrado por el paso dinamizado de este cambio.

    “Pero, imagínate, en 2012, cuando se gana la primera sentencia en Oaxaca, en [los] dos años [desde que iniciamos], hemos logrado cubrir casi la totalidad del país”, dijo Méndez maravillado durante una entrevista telefónica la semana pasada.

    Hasta algunos simpatizantes de los derechos LGBT se sienten un poco raros al ver que las sentencias sobre el matrimonio igualitario no provocaron una reacción nacional notable. La lucha por la ley del matrimonio igualitario en 2009 en México D.F. provocó una fuerte oposición de la jerarquía católica nacional. No obstante, aunque los obispos de algunos estados han condenado los matrimonios entre parejas del mismo sexo en los últimos años, los matrimonio igualitarios en México carecen de una oposición sustancial.

    “La iglesia estaba muy preocupada con la enmienda aquí en el D.F.”, dijo Geraldina González de la Vega, quien ayudó a Méndez a traer el caso de Oaxaca hasta la Corte. Pero ahora, con decenas de amparos pendientes, “no dicen nada”.

    González atribuye esto en parte al hecho de que en México no existe una larga historia de utilizar a las cortes para impulsar cambios generalizados. Por lo tanto, ni los activistas ni los medios pueden dimensionar la profundidad de los cambios que se están generando. Méndez piensa que esto cambiará a la medida que los procesos de litigación vayan más allá de casos relacionados con parejas individuales y empiecen a producir los tipos de sentencias que permitan que parejas del mismo sexo contraigan el matrimonio en sus estados sin necesidad de presentar un amparo.

    “En el momento en que ya sea una orden de la Suprema Corte que realiza la reforma, allí sí vamos empezar a desatar todas estas resistencias”, dijo Méndez. “Vamos a tener graves problemas de manifestaciones en contra”.

    Méndez espera que la Suprema Corte empiece a emitir la clase de ordenes judiciales que permiten el pleno acceso al matrimonio para las parejas del mismo sexo en algún momento durante los próximos “dos o tres años”, en base a la cronología de eventos de los casos pendientes. Pero ya hay señales de que los activistas no podrán impulsar estos casos siguiendo este perfil bajo por mucho tiempo más.

    En enero se dio la primera resistencia de perfil alto por parte de autoridades locales de una sentencia de la Suprema Corte que permitía a una pareja del mismo sexo contraer matrimonio. Se trató de un enfrentamiento sobre el matrimonio igualitario que hasta se dio a conocer por algunos noticieros nacionales. El hecho sucedió cuando el estado de Baja California intentó desacatar una decisión de la Suprema Corte autorizando una pareja a contraer matrimonio en la ciudad de Mexicali. A la pareja se le negó entrada a la alcaldía tres veces; la última de estas ocurrió cuando una voluntaria que impartía las pláticas prenupciales obligatorias en el municipio presentó una denuncia, diciendo que los hombres “padecen de locura”. Activistas de los derechos LGBT organizaron una protesta en frente de la alcaldía con el hashtag #MisDerechosNoSonLocura y finalmente, las autoridades municipales capitularon y permitieron que Víctor Fernando Urías Amparo y Víctor Manuel Aguirre Espinoza se casaran el 17 de enero.

    También existen señales que, al menos en algunos estados, la materia puede emerger como un tema durante la campaña de las elecciones federales del congreso que se llevarán a cabo en junio. Los indicios más evidentes de esto provienen de Chihuahua, donde Méndez dice que ha hubo 25 amparos exitosos. El 10 de febrero, el coordinador de la bancada del PAN, el partido opositor en el Congreso del Estado, declaró: "Vamos en contra de la aprobación de las uniones gay. Vamos a votar en contra y eso fue lo que platicamos al señor obispo".

    Pero aún si emerge una respuesta negativa en estos momentos, dice Méndez, los casos que ya se ganaron convierten al matrimonio igualitario en una realidad casi ineludible.

    “Fuera de México e incluso en el propio México, no se conoce este avance”, dijo Méndez. “Es muy lento, es muy invisible, pero es irreversible”.

    Rex Wockner asistió con la investigación de esta reseña.