Estos periodistas son los que proveen el estimado de asesinatos más confiable en uno de los países más violentos del mundo, en el que las ONGs acusan al gobierno de publicar tasas de muertes que no reflejan la realidad. Los reporteros se dividen en turnos para vigilar la puerta de la morgue y contar los cadáveres conforme van llegando.
“El gobierno quiere invisibilizar la información sobre el crimen”, dijo Javier Mayorca, periodista de crímenes para el periódico El Nacional. Él hace guardias regulares en la morgue. “La única manera que tenemos los periodistas de informar sobre la violencia en Caracas y en toda Venezuela es yendo a la morgue”, dijo.
No siempre fue así. Mayorca, que cubre crímenes en Venezuela desde hace 23 años, recuerda los días en que los periodistas podían revisar libremente los registros de homicidios.
Luego, en 2005, la policía judicial limitó este acceso, al poco tiempo que el ex presidente Hugo Chávez aprobara la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Para el año 2009, ya no se le permitía a los reporteros seguir a los policías. En los últimos años, se castigó a los policías que compartían información con la prensa, negándoles promociones e interviniendo sus teléfonos, al tiempo que las autoridades pedían a los familiares de las víctimas que no hablaran con periodistas, según Mayorca.
Según los cálculos de Mayorca, solamente en Mayo ocurrieron 16 muertes violentas al día, muchas más que las 14 muertes al mes registradas a principios de año.
El Observatorio Venezolano de Violencia, una institución de investigación muy respetada, estima que el año pasado hubieron 82 asesinatos por cada 100.000 ciudadanos, 13 veces más que el promedio global. De acuerdo a las Naciones Unidas, Venezuela tiene la segunda tasa de homicidios más alta del mundo, solo superada por Honduras. En contraste, el gobierno venezolano afirma que en 2013 hubo 39 asesinatos por cada 100.000 ciudadanos, según informes de la prensa local.
Expertos en seguridad afirman que el hecho de que se oculte la extensión real de la violencia es en parte lo que permite que siga aumentando. Este año se está registrando una nueva modalidad. Como los criminales buscan más armamento y respeto de sus pares, eligen como objetivos a los oficiales de policía.
“Ni siquiera sé si lo mataron con su propia arma”.
Matar policías aumenta la reputación y el rango de los miembros de las pandillas, y si se le suma la seguridad que tienen de que no serán arrestados, el hecho de asesinar autoridades se vuelve más tentador, dijo Alejandro Moreno, un cura que conduce una investigación sobre la violencia en los barrios más pobres de Caracas. Según dijo, un 94% de los homicidios nunca se convierte en caso policial, y sólo un 4% termina en una sentencia penal.
El año pasado, 338 policías fueron asesinados dentro del país, un aumento con respecto a los 295 que el año anterior
registróla Fundación para el Debido Proceso, un grupo legal en Venezuela.
En lo que va del año, y solo en Caracas, asesinaron a 52 oficiales de policía, según dijo Rafael Graterol, comisionado de la unidad policial del Estado de Miranda. Al parecer, los momentos más peligrosos suelen ser cuando los oficiales están fuera de servicio, ya que generalmente van armados pero no disponen de refuerzos cercanos.
Así sucedió con Junior Barrios, un oficial de policía que además trabajaba de noche como seguridad en un camión de entregas para farmacias. En 2012, barrios estacionaba su automóvil frente a su hogar cuando dos jóvenes lo emboscaron junto a su esposa y su hija pequeña. Segun Karem Berrios, esposa de Barrios, los hombres solo querían el automóvil, pero cuando descubrieron que era policía tomaron su revólver, le dispararon en la nuca y escaparon. “Ni siquiera sé si lo mataron con su propia arma”, dijo Berrios, de 32 años.
En el correr de la noche, durante una patrulla de fin de semana en una unidad policial de Petare (un barrio marginal de las colinas de Caracas marcado por el crimen) se discute el riesgo cada vez más probable de una emboscada. Los oficiales conducen una caravana de motocicletas Kawasaki y un par de camionetas viejas a través de caminos sinuosos y angostos, y se detienen para revisar jóvenes en la avenida principal, en busca de drogas o armas. Aun así, para sorpresa de los oficiales, era una noche tranquila. La policía admite que los criminales están mejor armados que ellos. A principio de mes en el Estado de Aragua, dos estaciones de investigación policíaca fueron atacadas con granadas.
“Relájate, mami, sólo fue un robo”, le sonreía un oficial a una mujer visiblemente perturbada. La mujer caminaba por una calle transitada del área comercial de Petare cuando un hombre apuntó un arma a su espalda y se llevó su teléfono móvil. En Caracas, eso es casi un delito menor. Colina arriba, en la estación de policía de Valle Alto, la oficial Jennifer Blanco, de 28 años, está parada junto a un tablero de corcho con las fotos de tres oficiales asesinados. Blanco dijo que el peligro creciente en su trabajo la preocupa, teme dejar huérfana a su hija de un año. Ella desea encontrar otro trabajo y estudiar derecho, algún día.
Según Graterol, el problema no es mantener a los oficiales en la fuerza, sino convencer a otros a unirse. “Estamos desesperados por tener más oficiales”, dijo Graterol, y agregó que a la fuerza actual de casi 2.000 policías le hacen falta 3.000 oficiales más.
Con un salario promedio de unos 20 dólares al mes (según el cambio en el mercado negro), no es difícil explicar la escasez de policías.
“El salario de un policía en Venezuela es algo simbólico”, dijo Graterol. “El trabajo policíaco es algo que se hace desde el corazón”.
Con una inflación de casi tres dígitos, el salario apenas si alcanza para almorzar durante el trabajo. Algunas Gatorades antes de la cena y una bolsa de papas fritas cuestan 2.50 dólares; para un oficial en servicio nocturno que gana unos 14 dólares al mes, la compra representaría cerca de un 20% de su salario.
Berrios admitió que los bajos sueldos y la corrupción estructural lleva a que muchos policías se tienten a complementar sus ingresos en otras actividades, varias de ellas ilegales.
La corrupción en las autoridades es endémica. Moreno dijo que los miembros de la Guardia Nacional y el Ejército roban y venden armas en el mercado negro. Es un negocio libre de riesgos, aún más en los últimos tiempos. Hace dos años, el presidente Nicolás Maduro ordenó a Cavim, la compañía de munición manejada por el gobierno que suministra balas a las fuerzas militares y policiales, que ponga códigos en sus balas, pero éstas se siguen fabricando sin marcas. Hay analistas que dicen que el Ejército se beneficia por el creciente mercado negro de armas, por lo que no sorprende que no hagan cumplir la orden de Maduro de marcar las balas.
“Llegamos a la conclusión que quienes nos gobiernan no son delincuentes, sino más bien que son los delincuentes los que nos gobiernan”, dijo Moreno.
Sin embargo, los oficiales de policía son una pequeña franja de las víctimas de homicidios que, según el Observatorio Venezolano de Violencia, el año pasado ascendieron a 24.980 en todo el país. La violencia se extendió hasta lugares que en cualquier otro lugar parecerían refugios seguros. Por ejemplo, recientemente en la Universidad Central de Venezuela un hombre fue asesinado a balazos. Los medios locales informaron que el cadáver del hombre de 24 años se encontró en lo que se conoce como la “tierra de nadie”, un espacio verde flanqueado por varias escuelas y que es visible desde la biblioteca.
“Venimos a estudiar muy ansiosos”, dijo Ricardo Márquez, un estudiante de relaciones internacionales que protesta por el asesinato en una de las entradas de la universidad. Dijo que por día se registran unos diez robos en el campus, y que las clases nocturnas se imparten más temprano para que los estudiantes no tengan que caminar en la oscuridad.
De acuerdo a Iván de la Vega, experto en patrones migratorios de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, uno de los factores principales por el que los estudiantes abandonan el país en cantidades históricas es la inseguridad.
En la puerta de la morgue, los periodistas oscilan entre compartir su información entre ellos o guardarse las primicias para sus propias publicaciones. Se abalanzaron alrededor de María Rodríguez, una mujer de 18 años cuyo marido, Jonathan Acevedo, fue asesinado durante el fin de semana. Ponen micrófonos y cámaras en su rostro y le insisten que responda sobre su relación, su trabajo, y la cantidad de agujeros de bala que tenía su cuerpo cuando cayó en el pavimento.
Rodríguez rompió en llanto ante las preguntas implacables, pero la muerte de Acevedo formará parte de su conteo.
Este post fue traducido del inglés por Javier Güelfi.